Por Carlos Heller
El gobierno continúa avanzando con medidas para compensar los efectos sobre los ingresos provocados por la devaluación del tipo de cambio oficial posterior a las PASO, que fue una imposición del Fondo Monetario. En paralelo, se trabaja en la implementación de diversas herramientas para permitir la necesaria recuperación de los ingresos de los hogares y favorecer la producción y la formalización del empleo.
En la columna del lunes pasado comenté las medidas de mitigación de los daños, las cuales continuarán, según informó en una entrevista televisiva el ministro de Economía, Sergio Massa. “Vamos a seguir compensando el daño que nos generó la inflación de agosto, sabiendo además que septiembre, octubre y noviembre van a recorrer un camino de reducción (…) y que de alguna manera eso nos va a permitir mejorar el nivel de ingreso del trabajador, que es lo que queremos a la hora de gobernar y a la hora de tomar decisiones”.
El Poder Ejecutivo presentó para su tratamiento en el Parlamento el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Empleo MiPyME. Su objetivo apunta al crecimiento del empleo PyME porque es el principal generador de puestos de trabajo: 68% de empleo en la Argentina es de pequeñas y medianas empresas.
Dos proyectos de país
En el proyecto de ley se propone la formalización sin pago de multas y con el cierre de todas las causas penales y se le reconoce al/la trabajador/a hasta 70 meses de aportes jubilatorios. Además, por cada nuevo empleo joven de programas sociales y de personas desempleadas, durante dos años estas empresas no van a pagar contribuciones. Quienes cobran el salario social complementario no pierden el beneficio, ya que por el plazo de un año funciona como base y el empleador completa el salario de convenio. Queda garantizada también la cobertura de riesgos del trabajo y la obra social. La idea principal es empujar fuertemente la formalización laboral, garantizando los derechos de los trabajadores, lo contrario a lo que sostienen los partidarios de la flexibilización.
El modelo de ajuste y de pérdida de derechos que plantean las dos principales fuerzas de la oposición ya lo atravesamos en las etapas más nefastas de nuestro país y ahora pretenden reinstalarlo.
En el caso de las propuestas de Javier Milei, sus ideas son tan descabelladas que desde el propio corazón del sistema financiero internacional han salido a alertar. La revista inglesa The Economist señaló que sus políticas “están pobremente concebidas” y que Argentina no tiene manera de proveer los dólares necesarios (para la dolarización).
En el texto se afirma que Milei es “fan de Bolsonaro”, quien copió algunas de las “tácticas antidemocráticas de Donald Trump” y se hace alusión a la candidata a vice de ese espacio, Victoria Villarruel, a quien se describe como una “ex abogada de soldados acusados de atrocidades durante la dictadura militar”, una frase que no es usual para ese medio especializado en relaciones internacionales y economía.
¿Nunca Más?
Sobre ese mismo tema, no puedo dejar de mencionar lo ocurrido el último lunes en la Legislatura porteña, cuando la candidata a vice de La Libertad Avanza encabezó un “Homenaje a víctimas del terrorismo”, con el objetivo de relativizar los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. El Nunca Más, que ahora cuestionan, es un límite que nuestra democracia no puede traspasar.
En cuanto a los impactos más inmediatos de la implementación de un esquema como el de la dolarización, por ejemplo, para un alumno universitario representará un gasto de $3 millones por año. Como dijo Massa, las ocurrencias de Milei significarán que el boleto de tren pase a valer $1.100 y el de colectivo $650. Sería el inicio de un fuerte ajuste de las condiciones de vida de los argentinos.
No me canso de señalar los peligros que encubren este tipo de propuestas y que están en juego dos modelos. Lo que plantean las principales alternativas de la oposición ya lo vivimos con la dictadura, con la convertibilidad y con la gestión de Mauricio Macri.
La frustración no debe llevar a que se elijan alternativas que derivarán en la pérdida de las universidades o de la salud públicas, en el recorte y eliminación de derechos para los/as trabajadores/as, en la vuelta de las AFJP, o en que el transporte y los servicios públicos cuesten una fortuna. Es fundamental mirar hacia delante y seguir construyendo un proyecto de país, pero también tener memoria para no cometer errores del pasado.
