Por Gerardo Aranguren
A partir del seguimiento de las pistas burocráticas que dejó la última dictadura, a más de 47 años del golpe cívico-militar, se comienzan a conocer algunos indicios de cómo se financió el accionar represivo del Ejército en todo el país y quienes fueron los encargados de llevarlo adelante.
Luego de revisar legajos militares y los libros históricos del Batallón 601 y de Destacamentos de inteligencia, investigadores de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales (Ex Programa Verdad y Justicia) de la Secretaría de Derechos Humanos reveló la existencia de fondos secretos que se utilizaron para solventar los gastos del terrorismo de Estado.
La investigación fue volcada en el informe “Los fondos secretos de los servicios de inteligencia durante la última dictadura” (*). El mismo fue entregado a la justicia a mediados de 2021 y presentado el jueves en una charla pública en el Archivo Nacional de la Memoria.
El dinero para la represión
Para poder realizar la persecución y represión a gran escala que realizó el Ejército en todo el país se necesitaba dinero. Los fondos secretos fueron creados en 1969, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y dos meses antes del golpe, el 23 de enero de 1976, la administración de esos fondos reservados quedó a cargo de la Jefatura II – Inteligencia del Ejército.
La Jefatura II fue la máxima autoridad de la inteligencia militar durante la dictadura y el Batallón 601 fue su principal órgano de ejecución.
Para esos fondos secretos o “Fondos S”, como son mencionados en algunos documentos, la Jefatura II contaba con la “Cuenta especial 764”, desde la que realizaba las trasferencias a cada jurisdicción.
Los controles de esos movimientos los hacía la propia Jefatura II de Inteligencia y no la Jefatura V – Finanzas, como ocurría en el resto de las finanzas militares, lo que permitían un manejo discrecional de ese dinero.
A pesar del carácter secreto, los gastos debían rendirse según una serie de reglas publicadas en el Boletín Reservado del Ejército en 1976. Se debía realizar un acta por duplicado en la que se hiciera referencia a que se trataba de operaciones secretas y describir para qué se habían usado. En la norma se ponía como ejemplo que podía ser “por alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal encubierto” o “por pago a un informante”.
Archivos incendiados
Esos documentos no pudieron ser encontrados ya que debían incinerarse un año después de emitidos, pero sí quedaron algunos rastros de ese sistema de fondos reservados que permitieron a los investigadores descubrir cómo era su funcionamiento.
Para controlar el uso del dinero, la Jefatura II realizaba inspecciones anuales en cada jurisdicción. Para eso enviaba una delegación que quedaba asentada en el registro de las visitas administrativas que recibía cada destacamento. En esas entradas en los libros históricos mencionaban las inspecciones y en algunos casos hasta aclaraban que el objetivo era la auditoría de los “Fondos secretos” o “Fondos S”. Las comitivas estaban conformadas por el jefe del área de Contaduría de la Jefatura II de Inteligencia, que tenía especialidad “Intendencia”, y por un suboficial o un civil. Los jefes de Contaduría entre 1975 y 1983 fueron Juan Ebacio Rocha (1976), Helio Edgardo Calvente (1975 y 1977), Nardo Ignacio Vanoli (1977-1979), Cesar Verna (1979), Gregorio Fido Rodríguez (1980) y Oscar Alejandro Pérez (1982 y 1983).
Los civiles que los acompañaban eran asentados como auxiliares de Contaduría y dos nombres se repitieron durante los 7 años de dictadura: Jorge Antonio Manolio y Jorge Oscar García de la Paz, ambos ya fallecidos. García de la Paz fue el apropiador del nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino. Durante la dictadura, García de la Paz realizaba inspecciones del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo y fue justamente el jefe de ese destacamento, Nedo Otto Cardarelli, quien le entregó al niño nacido durante el cautiverio de su madre.
La importancia de investigar
En la presentación pública del informe “Fondos Secretos” participaron el investigador Juan de Wanderlaer, quien encabezó el proyecto; el fiscal tucumano Patricio Rovira, la antropóloga Verónica Almada; Miguel D´Agostino, sobreviviente del centro clandestino de detención el “Atlético”, y Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos Nacionales.
Los oradores destacaron “el valor fundamental” del trabajo y el rol del ex Programa Verdad y Justicia en la producción de insumos para avanzar con las causas por crímenes de lesa humanidad y “sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
(*) Se puede acceder a la Investigación completa en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/los-fondos-secretos-de-los-servicios-de-inteligencia-durante-la-ultima-dictadura
