Por Carlos Heller
El 28 de febrero, la Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto de Moratoria Previsional, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio (JxC) y de los bloques que conducen Javier Milei y José Luis Espert. La iniciativa, que contaba con media sanción en el Senado, se había presentado para debatir en el recinto por primera vez el 21 de diciembre del año pasado. En aquel entonces no pudo ser tratada dada la negativa del bloque de JxC a dar quórum, algo similar a lo que ocurrió a principios de febrero, alegando arbitrariamente, en esta última oportunidad, que se proponían impedir el proyecto de juicio político a la Corte. La ley que se acaba de aprobar recoge los resultados de experiencias anteriores en nuestro país, que redundaron en beneficios concretos para los adultos mayores y llevaron a que en la actualidad el 95% de ese segmento esté recibiendo un haber. Con la ley aprobada, se busca mantener ese nivel de cobertura. Un dato que da cuenta de la relevancia de este tipo de medidas es que del total de quienes perciben haberes, el 65% llegó gracias al beneficio de la moratoria. Ahora, tras la aprobación del proyecto, en 2023 podrán acogerse a la jubilación unas 800.000 personas, principalmente mujeres. Esta nueva moratoria incorporó un mecanismo mediante el cual las personas podrán ir abonando cuotas durante la vida laboral, a sabiendas de que van a alcanzar la edad jubilatoria sin los 30 años de aporte requeridos. Está claro que esta ley es un paliativo y que no resuelve el problema de fondo. Que a esta situación se llega producto de serios problemas estructurales dentro del mercado de trabajo: la informalidad afecta a cerca de un tercio de la población trabajadora. Al respecto, omitiendo deliberadamente este rasgo estructural, la principal fuerza opositora presentó un dictamen de minoría para que cada quien reciba su beneficio previsional a partir de los aportes efectivamente ingresados (con más de 10 años) y partiendo de un 70% de la jubilación mínima: eso es bajarle el precio a la inclusión previsional.
El desarrollo sostenido con inclusión no se consigue con políticas de ajuste, de reducción de derechos y de una mayor concentración de ingresos, que es lo que la oposición sigue proponiendo con el agravante de que anuncia que lo harían en 100 horas, es decir, lo más rápido posible.
