Después de idas y vueltas, fuertísimos debates internos y prórrogas que postergaron la definición hasta hoy, la Administración General de Puertos (AGP) se encamina a elegir en la licitación corta del dragado y el balizamiento de la Hidrovía a las dos empresas que tienen la concesión del canal troncal desde hace 27 años: la argentina Emepa, del empresario Gabriel Romero, y la belga Jan De Nul, dueña de la Compañía Sudamericana de Dragados. La principal diferencia es que durante más de un cuarto de siglo las dos empresas funcionaron como socias directas bajo el paraguas de Hidrovía Sociedad Anónima y ahora trabajan por separado, producto de una ruptura que se precipitó en los últimos años.
Otorgada por decreto durante un período de 25 años, el contrato venció finalmente el 30 de abril de 2021 y, en esa oportunidad, Alberto Fernández extendió la concesión, primero hasta septiembre y después hasta marzo, aunque con una intervención mayor del Estado.
La Administración de Puertos dio a conocer un dictamen de precalificación el 11 de febrero pasado en el que eligió a Jan De Nul en la oferta técnica del dragado de la vía fluvial por la que salen rumbo al exterior entre el 75% y el 80% de las exportaciones argentinas por un período adicional de seis meses. Lo hizo al descalificar a los otros tres consorcios que pretendían competir ahora, como paso previo a la licitación que abrirá paso a 10 años de concesión.
Las compañías que quedaron afuera de competencia tienen experiencia sobrada y se distinguen por ser las más grandes del mundo en el rubro: el consorcio que integraban la CCCC Shanghai Dredging (SDC), la belga Dredging International (DEME Group) y la argentina Servimagnus; la danesa Rhode Nielsen asociada con Emepa de Romero; y la holandesa Boskalis International.
Lo particular fue que el dictamen descalificó a las empresas por no cumplir los requisitos técnicos y les impidió pasar a la compulsa económica, lo que desató críticas y sospechas por parte de los derrotados. El domingo último, en una solicitada de página entera en el diario La Nación, el consorcio de DEME Group, Shangai Dredging y ServiMagnus cuestionaron en muy duros términos el dictamen de la AGP. Afirmaron que habían sido descalificados “de manera insólita” en base a “formalidades e interpretaciones arbitrarias” por parte del organismo estatal.
En el Gobierno afirman que Shangai Dredging, DEME Group y ServiMagnus fueron descalificados porque cometieron al menos dos “errores administrativos y técnicos insalvables” a la hora de presentar su proyecto.
La próxima semana se daría a conocer la adjudicación del balizamiento y sería inminente también la apertura del sobre 2 de dragado, donde solo compite la firma de Jan De Nul. En ese momento, se sabrá si los belgas y el empresario arrepentido continúan al frente del negocio.
