Por Carlos Del Frade (*)
Vicentin fue el “fugaducto” del macrismo. La síntesis del modelo de su gobierno: endeudarse en millones de dólares y fugar a favor de los bolsillos de los empresarios amigos.
Una deuda de casi 1.600 millones de dólares, 791 millones de dólares fugados entre agosto de 2019 y enero de 2020, 17 directivos procesados y casi una decena de ex funcionarios del BCRA y González Fraga, como titular del Banco Nación, en los tiempos del macrismo a los que se les dictó embargo de bienes. Todo eso significó el “caso Vicentin”. Además del surgimiento de un polo que concentra la exportación de cereales (la principal arteria que alimenta la economía argentina), ahora en manos del grupo Viterra, nuevo nombre del socio histórico de Vicentin, Glencore y Bunge, haciendo simple melancolía la idea de soberanía económica.
En el mismo día que se cumplieron los tres años del retroceso del gobierno nacional que había dispuesto discutir en el Congreso la necesidad de declarar al consorcio de 33 empresas como de utilidad pública y sujeto a expropiación, el juez penal rosarino Hernán Postma le notificó al inefable encargado del concurso de acreedores del grupo, el juez civil y Comercial N°2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, que en caso de homologar la propuesta de la firma de pagar solamente el 20% de la deuda a partir del año número 15, sería una “violación de una orden judicial” que dispuso el congelamiento de los activos desde el 11 de diciembre de 2020 por los delitos cometidos por 14 de sus directivos.
Estafa y asociación ilícita
En la última propuesta de pago a sus acreedores, en el marco del concurso, Vicentin establece que parte de los recursos para hacer frente a la misma los obtendría de la venta de activos, como sus plantas y puertos en San Lorenzo y su participación accionaria en la aceitera de Renova a Viterra, Bunge y ACA, el grupo inversor interesado en quedarse con la empresa.
Sin embargo, esa propuesta provocadora pretende ignorar la resolución de la Justicia Penal de Rosario, que dispuso cautelar todos los bienes de la agroexportadora, en el marco de la causa penal que se sustancia contra los directivos de Vicentin por estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros delitos.
El juez le envió este ultimátum al juzgado de Lorenzini en Reconquista, pero también cursó copias a la Corte Suprema de Santa Fe y al propio directorio de Vicentin que hoy está en capilla y a la espera de juicio penal. El problema es que la empresa, entonces, contragolpeó diciendo que los trabajadores del norte tendrán ocupación hasta enero de 2024, una verdadera y nueva extorsión.
Retroceso político
Aquel 31 de julio de 2020, el presidente Alberto Fernández, a través de un mensaje de Twitter, dejaba sin efecto el DNU 522 del mismo año que había dispuesto la intervención de Vicentin por 60 y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación por considerarla de utilidad pública. Agregaba el Presidente que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1.600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020. Y propone un pago a 15 años y solamente por el 20% de la deuda.
Ha logrado contar también con el silencio del gobierno de Omar Perotti y de los diputados y senadores socialistas, radicales y del PRO santafesinos.
El juez Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia.
Mientras tanto extranjerizado casi la totalidad del comercio exterior de granos en la Argentina y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral.
La historia, como siempre, no está cerrada. Es hora de concretar los sueños colectivos inconclusos para evitar que las pesadillas de las minorías privaticen la felicidad.
(*) Periodista. Diputado del Frente Social y Popular (Santa Fe).
