Por Alfredo Serrano
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es víctima de un ataque judicial en su contra desde Perú. Esta es una novedad en el lawfare: se persigue desde afuera, desde un país hermano, usando a Dina Boluarte, la jefa de Estado designada tras golpe de Estado legislativo del 7 de diciembre pasado, como títere.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, investiga a Evo Morales por el delito de atentado contra la integridad nacional.
La pena de este tipo de delito es la privación de la libertad por 15 o más (art. 325 del Código Penal peruano).
La causa se inició el 5 de enero de 2023 a raíz de una denuncia presentada por Jorge Montoya, excomandante de las Fuerzas Armadas y actual congresista del partido ultraconservador de Renovación Popular.
La prueba que motivó la investigación es un video de un acto público en Puno del que participó Evo Morales el 17 de noviembre de 2022.
Dicho encuentro, organizado por el mismo Evo Morales y autoridades de Puno, tenía como objetivo dar a conocer y avanzar con la iniciativa de la Runasur, que busca la unidad de los pueblos indígenas latinoamericanos.
El argumento del que parte la Fiscalía de Puno es que Runasur es una iniciativa que propone dividir el territorio peruano en base a criterios étnicos de pueblos originarios, afectando la integridad territorial del país.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa de diligencias preliminares, es decir, la instancia inicial de la Investigación Preparatoria, donde se reúnen los elementos de convicción, de cargo y de descargo, para que el fiscal decida si formula o no acusación y, en su caso, para que el imputado prepare y ejerza su defensa.
Persona “no grata”
Evo Morales fue citado ya dos veces a declaración indagatoria por esta causa: el 7 de marzo y el 10 de mayo de 2023. Ambas citaciones fueron convocadas para realizarse de modo virtual. Evo Morales no asistió a ninguna de ellas argumentando que se trata de un Gobierno dictatorial que lo persigue.
Existen dos hechos que demuestran la estrecha relación entre lo judicial y lo político en este ataque contra Evo Morales:
Pocos días después de la denuncia, el Gobierno de Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales a Perú el 9 de enero del 2023. El 26 de ese mismo mes el Congreso peruano declaró a Evo Morales persona “no grata”.
También existen otras pruebas previas de esta hostilidad por parte de un sector de la derecha peruana: el 22 de noviembre de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú había solicitado a las autoridades pertinentes impedir su ingreso al país. El pedido fue rechazado por el Gobierno de Pedro Castillo, pero entró en vigencia el 26 de enero de 2023 bajo el régimen de Boluarte.
La verdadera razón
Es evidente de que este hecho es un episodio más de lawfare en América Latina, es decir, una persecución judicial en base a criterios políticos.
Sin embargo, hay una novedad muy significativa que hasta ahora no había ocurrido en la región: el ataque judicial no llega desde el propio país, sino desde otro. Es decir, lo persiguen judicialmente desde un país que no es el suyo; donde jamás vivió.
La verdadera razón de esta persecución judicial tiene que ver con la defensa pública que Evo Morales ha hecho del presidente Pedro Castillo desde el primer momento. Lo hizo cuando ganó las elecciones, lo hizo durante todo su mandato tras continuos intentos de destitución, y también cuando fue destituido de manera irregular y posteriormente encarcelado.
Además, esta persecución es capitaneada por Dina Boluarte, quien tiene a sus espaldas una gran cantidad de muertos y heridos por represión.
En definitiva, detrás de esta estrategia un triple objetivo:
1- Utilizarlo internamente como cortina de humo buscando un “enemigo externo” a quien atacar mientras sigue la crisis económica, social y política en el país, y sin elecciones presidenciales en el corto plazo.
2- Esta maniobra tiene el propósito de inaugurar en la región una nueva forma de llevar a cabo un lawfare desde afuera, en este caso, desde Perú contra Evo Morales, quien ya sufrió un golpe de Estado desde dentro. Dicho de otro modo: habrá que estar muy atentos a esta novedosa modalidad de persecución judicial desde otro país, porque es otra forma de injerencia externa.
3- Se procura la proscripción del primer presidente indígena de América Latina a través de un proceso judicial externo, injusto y sin sustento legal.
