Por Néstor Belini
El juicio que se sustanciará en Paraná para determinar la responsabilidad de 11 personas por el supuesto abuso sexual agravado en perjuicio de tres hermanos menores de edad al momento de los hechos, un varón y dos nenas, se postergó y aún no se sabe cuándo comenzará.
Las últimas instancias que demoraron el inicio del debate –fijado para el lunes 3 de octubre- fue la recusación que realizó la defensa de una imputada, de cinco vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. No obstante, los pedidos de apartamiento fueron realizados dentro de las reglas de juego que permite el proceso y no fueron el motivo más importante de retraso del debate.
El caso conmocionó a la opinión pública desde el momento mismo en que se dieron a conocer los presuntos hechos. En 2013, cuando comenzó la investigación por la denuncia que radicó el padre de los niños por hechos que habrían ocurrido entre 2005 y 2011 en un departamento de la localidad de Oro Verde, ubicada a 10 kilómetros de Paraná, y en un reconocido hotel de la capital provincial, se imputó a cinco personas de la rama materna de las presuntas víctimas.
La causa, que comenzó con una alta exposición en los medios puesto que se investigaba a los familiares directos de las víctimas en supuestos rituales en una secta, cayó pronto en el olvido. Otros casos la desplazaron del interés público. Tal vez coadyuvó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) también dejó de avanzar en la investigación y estuvo parada varios años.
Un funcionario imortante
En 2018 la causa, que se sustancia por el viejo código de rito, tuvo un vuelco determinante, no solo para la investigación sino también para la opinión pública, que volvió a recordar el grave caso. En aquel año, la revitalizada investigación avanzó sobre otras presuntas participaciones. Así, el MPF pudo determinar con el grado de probabilidad que la etapa requiere, que seis personas más pudieron ser parte de los investigados abusos en rituales, y la causa que investigaba un abuso intrafamiliar pasó a sustanciarse contra otras personas allegadas a los primeros imputados.
La gravedad de los hechos demandaba una investigación rápida y eficiente. A 9 años de la denuncia esto no ha ocurrido. En estos años de renovado proceso se produjo un nuevo desplazamiento en el caso. Si el primero consistió en que dejó de “ser noticia” y quedó relegado de la consideración pública y la investigación “parada”, este nuevo corrimiento del eje de la cuestión presenta aristas tan graves como la demora en determinar las presuntas responsabilidades y llevar alivio y reparación a las víctimas, sus familiares y la sociedad.
El segundo desplazamiento consistió en que por la dinámica del caso, la relación entre investigados y supuestas víctimas, y el rol institucional de un imputado, el caso ya no se conoce como los presuntos abusos en Oro Verde sino como la causa Wolf Furlong, por el apellido de un comisario general retirado que es investigado. Un complejo entramado de relaciones posibilitó que aquello sucediera, pero debería llamar a la reflexión a toda la sociedad que se corra el eje de los pasos y medidas para determinar la verdad –verdad forense de los hechos denunciados– a que cobre relevancia la supuesta participación de quien era un importante funcionario público.
Cambio de paradigma
La manera en que se comunicó el caso también debería ser motivo de reflexión. Desde organismos que velan por los intereses de los menores se ha intentado que los medios respeten los protocolos que rigen cuando se trata de informar casos en los que hay menores en una causa. Esto no sólo implica no sólo revelar datos que permitan identificarlos, sino también respetarlos en su dignidad como sujetos de derecho y no revictimizarlos. Fuentes allegadas a aquellos organismos expresaron que hubo situaciones en las que las víctimas se mostraron renuentes a prestar testimonio o seguir con la causa como consecuencia de la exposición mediática del caso.
El colofón de este complejo proceso debería ser una nueva manera de comunicar a la sociedad este tipo de casos, una que permita a las partes transitar instancias judiciales con la templanza que se necesita y aportar a la sociedad elementos que le permitan advertir y prevenir los abusos sexuales a menores. La prohibición a los medios de informar sobre los casos, no generarán el imprescindible cambio de paradigma que permita asistir y acompañar a las víctimas en el duro tránsito hacia la obtención de justicia.
