Por Carlos Heller
Las autoridades económicas argentinas y el staff del FMI alcanzaron un acuerdo técnico para la aprobación de la cuarta revisión bajo el programa de facilidades extendidas. Una vez que lo apruebe el Directorio del organismo, en las próximas semanas, el país accederá a unos U$S 5.300 millones, recursos que servirán para afrontar los vencimientos que operan entre marzo y abril, por un monto similar.
Con el FMI no hay acuerdos buenos. Lo que hay que hacer es no pedirle dinero prestado y por eso el pecado original fueron los U$S 56.000 millones que acordó en su momento el gobierno de Mauricio Macri, aunque los desembolsos se interrumpieron a partir de agosto de 2019 llegando a un total de U$S 45.000 millones. Una decisión irresponsable que dejó al país sumamente endeudado –en dólares— y con estrictos requisitos a cumplir en el desempeño de la economía y las finanzas.
El crédito del FMI Argentina lo tomó y hay que devolverlo, pero ello debe hacerse bajo condiciones que no generen mayores daños a nuestro país. El acuerdo vigente no resolvió el problema de la deuda, lo que permitió fue ganar tiempo extendiendo los vencimientos.
Cuando se firmó la renegociación, un año atrás, Argentina consiguió que se incluyera en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras un párrafo (el 11º) al que en su momento no se le dio mucho valor: “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda…”.
Esta mención no tiene antecedentes en los acuerdos con el FMI. Fue una cláusula preventiva que el Gobierno logró y que abrió la posibilidad para que en la reciente revisión trimestral la Argentina planteara con éxito que la sequía está trayendo grandes dificultades para alcanzar la meta de acumulación de reservas, producto de las menores exportaciones y de los efectos de la guerra, y que por ende hace falta redefinir el parámetro, cuestión aceptada por los funcionarios del FMI.
La puja alrededor de los precios
Se conoció el dato de inflación de febrero (6,6%), sin dudas un golpe duro para la población. Las causas de la inflación de hoy no son las que históricamente se han esgrimido para explicarla. La emisión monetaria está contenida, ya que entre febrero de este año y el del año pasado fue del 39,76%, menos que la mitad de la inflación. El tipo de cambio que se utiliza para las operaciones de comercio exterior, el oficial, se incrementó un 80,5% interanual, y el ilegal un 78,6% en el mismo período. Los salarios, en promedio, vienen por detrás de los precios, al igual que ocurre con las tarifas.
Las razones hay que verlas en la puja distributiva y en la incertidumbre y especulación de los sectores más concentrados, que cuentan con la colaboración de ciertos analistas y medios que —de paso— tratan de generar zozobra.
Se registró un fuerte impacto del rubro de Alimentos y Bebidas (9,8%), muy por encima de la pauta contenida en los Precios Justos (3,2%), que apuntaba a orientar un sendero decreciente.
El ingreso al acuerdo de Precios Justos fue voluntario para las empresas, pero su cumplimiento es obligatorio. El Gobierno tiene que actuar con mayor energía a partir de las distintas herramientas legales que posee: nadie podría reprocharle que sancione a quienes no cumplieron con lo que firmaron.
En este marco, como forma de fomentar el ahorro en moneda nacional, el BCRA elevó 3 puntos la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos de hasta 10 millones para personas humanas, al igual que ocurrió con el rendimiento de las Leliq. No obstante, mantuvo inalterada la tasa de pases pasivos con los bancos y el costo de los préstamos subsidiados, con la idea de no dañar los fondos destinados a la producción, y beneficiar a los ahorristas, pero no a los bancos.
La respuesta a la inflación debe ser gradual y hay que evitar que la sociedad termine aceptando como inevitable el shock antiinflacionario.
Casi todos los datos de la economía marcan que la macroeconomía ha avanzado en un ordenamiento importante. Hoy el país posee el número más alto de personas trabajando de manera formal desde enero de 2012. Está claro que hay gente que no gana lo que tendría que ganar, pero evidentemente hay una recomposición del empleo. La utilización de la capacidad instalada en la industria llegó en enero al 62%, el mayor nivel para un enero desde 2016.