Por Carlos Heller
El debate del proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados se produjo en un marco de diálogo intenso entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y de una práctica de escucha y propuestas entre los integrantes de las distintas bancadas.
Me interesa reflexionar sobre este tema: mientras hay sectores que cuestionan la utilidad de la política y específicamente de la actividad parlamentaria, esta sigue demostrando su capacidad de trabajo y de agregar valor: el proyecto finalmente votado es una versión mejorada del enviado por el Poder Ejecutivo. Se incorporaron más de 30 modificaciones propuestas tanto por diputados del oficialismo como de la oposición.
Una de las modificaciones es la asignación de mayor presupuesto a temas sociales, por un monto de $327.000 millones. Fondos que se destinarán a políticas alimentarias y otras partidas al Ministerio de Desarrollo Social, y a los Ministerios de Educación, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y también para asignaciones familiares, plan de Manejo del Fuego, entre otras.
Además, se estableció la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, elevándolo a $85.000 millones como piso, una norma ampliamente solicitada por las provincias.
Aplaudido pero rechazado
También se incorporó un artículo, a pedido de la oposición y con acuerdo del oficialismo, que establece que si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación supera en 10 puntos a la meta anual proyectada, o si los ingresos del sector público superan en dicho porcentaje los previstos para el período acumulado, el PEN enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos y el plan de gastos para el último trimestre de 2023.
El oficialismo logró aprobar con la redacción propuesta, y a pesar de la negativa de la oposición, un artículo que otorga al PEN la facultad para elevar el piso mínimo desde el cual se paga Impuesto a las Ganancias, otro artículo para la extensión y mayores beneficios para el Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina (conocido como blanqueo para la construcción).
La eliminación de la exención en el Impuesto a las Ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial no obtuvo aprobación. Cabe señalar que este artículo no estaba contenido en el Presupuesto enviado por el PEN, y se incorporó en el debate en comisión, propuesta que recibió un aplauso de buena parte de los y las legisladores presentes, tanto del oficialismo como de la oposición. No obstante, en el tratamiento en la sesión resultó rechazado.
Más fondos para educación y cultura
Mucho se habló sobre el tema educación. Numerosos diputados de la oposición, con el acompañamiento de los grandes medios, instalaron la idea de que el Gobierno estaba proponiendo un ajuste en las partidas para educación a partir de los datos del Presupuesto 2023.
Esta idea se basó en datos parciales, fuera por desconocimiento o por la intención de instalar una crítica al gobierno en un tema sensible. La crítica se centró en la partida asignada al Ministerio de Educación, que crecería menos que la inflación prevista para 2023.
Es una observación parcial, puesto que las partidas asignadas a todos los ministerios, históricamente, no tienen incorporados los aumentos salariales, dado que ello dependerá de las paritarias que terminen estableciéndose. La previsión para estos aumentos se encuentra contabilizada en una partida denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, fondos que se irán utilizando a medida que se paguen los salarios. Incorporar este ítem resulta indispensable para analizar el gasto asignado al Ministerio de Educación.
En verdad, hay que analizar los gastos por finalidad, que tienen aportes de varios ministerios. En el caso de educación, por ejemplo, hay un importante monto del Ministerio de Obras Públicas dedicado a infraestructura universitaria, a financiamiento para obras en establecimientos educativos (principalmente escuelas) y a la construcción de escuelas técnicas. En total, a la finalidad “Educación y Cultura” se le asignó originalmente un incremento positivo del 0,2% en términos reales (descontando la inflación prevista) respecto al gasto estimado para este año. Con lo cual, estos números no pueden rotularse como “ajuste”. Pero además, y a pedido de diputados del Frente de Todos, durante el proceso de discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se asignaron $95.200 millones adicionales a partidas para becas a estudiantes y al Fondo de Incentivo Docente, como destinos principales de este aumento. Con este agregado, los gastos en educación y cultura crecen un 5,7% real respecto a este año. Todo un logro.
