Por Carlos Heller
El proyecto presentado por los senadores y las senadoras del Frente de Todos para la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que se trataría próximamente en el Congreso de la Nación, pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión y una forma de afrontar el pago de la deuda con el Fondo.
En lo esencial, el objetivo es buscar recursos para hacer frente a la deuda heredada sin que se afecten las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población. Lo interesante es que apunta a hacerlo a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las enviaron al exterior.
Montajes financieros abusivos
El flagelo de la evasión y posterior fuga de capitales es de larga data. Sin ir más lejos, en el año 2015 participé en calidad de diputado nacional en la “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”. Algunas de mis propuestas finales en ese entonces fueron la “eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales”, la “protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavado de activos”, y la “limitación de la ‘Private Banking’ o ‘Banca en Secreto’”, presente especialmente en las entidades financieras internacionales. Por medio de esta última se elaboran estrategias contables y legales muy sofisticadas para “desviar” los fondos de sus clientes más adinerados hacia guaridas fiscales, evitando la carga impositiva.
En un informe de la ONU de julio de 2020, se sostiene que recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el Covid-19, en lugar de recurrir a un mayor endeudamiento, es la receta indicada para una América Latina donde, sólo en 2018, el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares, equivalente al 6,1% del PIB.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe titulado “Acabar con los montajes financieros abusivos”, destaca que “los avisos anónimos y las denuncias han dado lugar a investigaciones exitosas en muchos países, y siguen siendo una fuente útil de obtención de datos en un entorno de creciente descontento público con los evasores fiscales y aquellos que lo permiten”.
Crecer y distribuir en paralelo
En definitiva, se trata de hacer cumplir las reglas tributarias en cada país a quienes obtienen ganancias en ellos. También es un gran paso para empezar a recuperar parte de los fondos fugados del país por evasión impositiva, en algunos casos con maniobras de cambio de residencia, lo que permitiría obtener recursos para hacer frente a la deuda y liberar otros fondos para destinarlos a políticas de crecimiento, empleo y distribución del ingreso.
En este marco se inscribe el Programa Argentina Productiva 2030, una iniciativa que busca generar 2,2 millones de puestos de trabajo registrados hasta el año 2030 en el sector privado. Incluye, además, la creación de 100.000 empresas formales (12.000 por año). La intención es sacar a 9 millones de argentinos y argentinas de la pobreza, y tener “1 millón de pobres menos por año”, según se señala desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El objetivo, en definitiva, es de crecer y distribuir al mismo tiempo, haciendo frente a situaciones que generaron las dos pandemias, la económica heredada y la sanitaria. Son, después de todo, los objetivos que se plantearon desde el comienzo de la actual gestión del Frente de Todos.
Pensando a futuro, resulta indispensable generar las condiciones económicas, sociales y políticas para evitar la posibilidad de que la ciudadanía se vuelva a inclinar nuevamente por recetas neoliberales que generan retrocesos enormes de las mayorías, en beneficio de unos pocos.
