Por José Steinsleger (*)
El negacionismo de los crímenes de Estado y la reivindicación de la dictadura militar no es nuevo, ni es otra rareza original de Javier Milei. Es un continuo de buena parte de la sociedad que se identifica con la derecha. Desde la aparición de las Madres de Plaza de Mayo (1977) y la recuperación de la democracia (1983) Argentina se había convertido en referente mundial en la lucha por los derechos humanos. Trayectoria ejemplar que el gobierno de Mauricio Macri buscó invalidar, con el pretexto de que igual responsabilidad habrían tenido víctimas y victimarios durante el terrorismo de Estado.
Cínicamente, Macri, buena parte del PRO y de los libertarios desconocen que ya en 1985, la Comisión Nacional de Desaparecidos describió el “…carácter sistemático de la desaparición de personas”, así como los señalamientos del Tribunal Oral Criminal Federal de La Plata (primero en sostener que los crímenes perpetrados constituyeron delitos de lesa humanidad), y los de la Corte Penal Internacional (CPI), que calificó tales delitos de imprescriptibles y, por ende, exentos de lecturas partidarias.
No obstante, el gobierno de Cambiemos se empeñó en una perversa política de distorsión de la historia. Una política que tiene tres patas: la disputa simbólica, el negacionismo, y la teoría de los dos demonios. Para ello, cuenta con el respaldo de los poderes económico, mediático y judicial, interesados en despojar de legitimidad los juicios a los represores, dificultando la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas.
Disputa simbólica
La disputa simbólica gravita en el campo semántico y parte del supuesto de que durante la dictadura hubo guerra o guerra sucia (y no genocidio planificado), centros de detención (y no campos de concentración), detenciones (y no secuestros), excesos (y no tortura), enfrentamientos (y no asesinatos) y adopciones (y no robo de bebés).
Asimismo, con el negacionismo se cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos. Darío Lopérfido (ex secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) abrió el fuego diciendo que la cifra habría sido arreglada para conseguir subsidios. El repudio popular logró que el funcionario perdiera el cargo. Pero el propio Macri dijo días después: “No tengo idea si fueron 9 o 30.000. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más…La discusión carece de sentido (sic)”.
Por último, la teoría de los dos demonios (inventada por Ernesto Sábato, y esgrimida por Dante Caputo, ex canciller del presidente Raúl Alfonsín). Tesis que fue perdiendo credibilidad, luego de que la CPI dictaminó que los delitos de lesa humanidad no eran opinables, y que su justificación conlleva la apología del delito.
Sin embargo, con la publicación de la entrevista- libro de Ceferino Reato al genocida Jorge Rafael Videla en la base militar de Campo de Mayo (“¡Viva la sangre!”, Ed. Sudamericana, 2013), y en “Los otros muertos” (Sudamericana, 2014), libro de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel, la apología del delito encontró gran difusión y aceptación en los medios hegemónicos.
Insumos y estímulos
Manfroni es un conocido militante del fascismo argentino, a quien Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, nombró subsecretario de asuntos legislativos de su equipo. Iniciativa, que si bien no prosperó, le permitió después colocar como jefe de su gabinete a su novio, Pablo Noceti, abogado y ex socio del genocida Leopoldo F. Galtieri.
Por su lado, la ahora candidata a vicepresidente Villarruel, lidera el nauseabundo Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo (Celt), sello que agrupa a familiares de militares que pregonan el fin de los juicios, y la libertad de los asesinos que llaman héroes. El Celt fue concebido como polo opuesto del prestigiado CELS, uno de los organismos de derechos humanos que más trabajaron por el fin de la impunidad.
Con tales insumos, el secretario de Cultura de Macri, Pablo Avelluto, retomó la teoría de los dos demonios diciendo que “…los militares no se hicieron cargo de sus crímenes, y las organizaciones armadas tampoco”. Coartada que además de seducir a las siempre despistadas clases medias, justificaba de paso el “curro” de los organismos de derechos humanos.
“Memoria completa” (sic) fue la expresión empleada por el macrismo en asuntos de derechos humanos. Un modo de distorsionar las investigaciones sobre la complicidad civil y eclesiástica durante el genocidio.
La memoria completa consiste en admitir la culpa de los crímenes del Estado. Pero también sirve para matizar y actualizar la dicotomía “civilización versus barbarie”, que a finales del siglo XIX posibilitó el despojo territorial y el exterminio de la población indígena, dando nacimiento a la Argentina moderna.
