Néstor Belini
Existe un axioma repetido muchas veces que sostiene que “para ganar hay que invertir”. Expresado en el ámbito económico, suena “razonable”. Suena, porque en épocas de capitalismo financiero deshumanizado, la reproducción del capital no estaría sostenida en la inversión productiva que genera puestos de trabajo, sino en la especulación financiera favorecida por leyes que en el actual contexto político y social mundial, requieren de una urgente revisión respecto de las formas “legales” en las que el capital genera más capital. Las sospechas de venta de candidaturas en La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera el más extremista de los exponentes del neoliberalismo argentino, Javier Milei, han generado diversos abordajes; no obstante es necesario analizar e intentar hacer una proyección respecto de los alcances y sobre cómo impacta aquella situación en la sociedad. En este sentido es necesario contextualizar el escenario político-social, caracterizado por el supuesto hartazgo de los ciudadanos respecto de lo que, con una violencia desmesurada y con una descripción alejada de la realidad, el propio Milei calificó como “la casta”.
Lobbystas de sí mismos
Haciendo abstracción de los abordajes que desde cada lado de la grieta se esgrimieron, puesto que de un lado se festeja porque las sospechas significarían que Milei es tan “casta” como los “políticos” que el libertario critica, en tanto que del otro se congratulan porque el “desbarrancamiento” significaría cerrar el grifo de votos que se irían a LLA ya que expresarían un descontento por la falta de “coraje” de los dirigentes neoliberales “moderados” para hacer un ajuste más a la clase trabajadora en la historia nacional Así, lo que queda flotando en el inconsciente colectivo es que “son todos iguales”, o “llegan para robar”, entre otras frases pensadas e instaladas para alejar a los ciudadanos de la única herramienta para cambiarles la vida para mejor: la Política.
La sociedad, directa destinataria de las decisiones que los gobiernos implementan, cualquiera sea el sistema del que se trate, asiste desarmada a un espectáculo desmovilizador y anti político.
¿Cuál es la motivación, qué interés puede tener alguien, que cuenta con importantes sumas de dinero, como “comprar” una candidatura? El axioma del inicio puede dar algunas pistas. Podría tratarse de alguien que vio en la “función pública” la posibilidad de incrementar su patrimonio, porque para eso “invirtió”.
La Política es el ámbito de la función pública, del servicio a la comunidad, donde se expresa el compromiso con el manejo de lo público en beneficio de la Nación y su Pueblo. En este sentido, las sospechas de la venta de candidaturas –no se trataría del financiamiento del espacio político, puesto que aquello está regulado en la Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos– alejan a la ciudadanía de la participación política, que está garantizada en la Constitución Nacional a través de los Partidos políticos, considerados “instituciones fundamentales del sistema democrático”.
Hegemonía de la palabra
Que se naturalice que para acceder a una candidatura hay que pagar, excluye a las grandes mayorías de un derecho garantizado por la Constitución y las deja inermes a merced de quienes cuentan con dinero para “invertirlo” en una candidatura y –a priori– sí ven en la actividad política una salida económica. Tampoco ayuda a incentivar la participación que sean “siempre los mismos” los que tienen la “rosca” y los “recursos” para “dedicarse a la Política”. Los dos partidos tradicionales no han podido –con la excepción de los períodos en que cada partido privilegió el interés nacional por sobre el del capital trasnacional– consolidar una matriz económica basada en la producción y el trabajo.
Para que aquello fuese posible, más que las lógicas “internas partidarias”, obró un despiadado adoctrinamiento social, a sangre y fuego con los golpes cívico militares y con la sustracción por partes de los medios de comunicación hegemónicos, de la palabra y la opinión pública que durante décadas demonizó al Estado, a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda institución u organización que propusiera el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías populares.
La sociedad debe estar alerta a maniobras como las que expusieron los libertarios.
Los partidos mayoritarios tampoco escaparían de la lógica de la maximización de las ganancias, que es constitutiva de la actividad económica privada. Así, la forma de obturar que se tergiverse la lógica de la actividad política y el objetivo de sus instituciones, es con mayor participación y compromiso. Aunque “los mismos de siempre” hagan lo que sea para seguir conservando sus privilegios.
