Por Luis B. García
Según Clausewitz, la guerra es la continuación de la política. Pero ésta es prolongación de la economía, por lo cual la privatización de la economía lleva consigo la de la guerra.
El objetivo de toda contienda, advertía Voltaire, es ante todo el robo. Durante siglos se disfrazaron los conflictos armados con los más extravagantes pretextos religiosos, políticos o ideológicos. Hoy en día, salvo en las luchas defensivas o las de liberación, que son lo mismo, detrás de cada campaña opera el latrocinio corporativo.
A tal guerra, tales medios. Si se las emprende para robar recursos, para explicarlas se puede robar ideas. Decía el irrecusable Maquiavelo que hay tres categorías de tropas: las nacionales, las aliadas y las mercenarias. Serían estas últimas las más costosas, inútiles y peligrosas, porque sólo se mueven por la recompensa; su único interés es cobrarla, y abandonan o traicionan a quien las contrata.
Fiasco estadístico
La Hstoria confirma todas y cada una de estas afirmaciones de manera contundente: desde la caída del Imperio Romano a manos de los mercenarios que lo abandonaron, hasta la ramplona huida de los estadounidenses de Afganistán, la circense invasión a Venezuela contratada con Silvercorp.
Estados Unidos eliminó la recluta obligatoria desde su colosal fiasco en Vietnam, pues sus jóvenes se resistían a invadir países desconocidos para ser muertos por patriotas anónimos. Tsam Gurkham, experto en la materia, nos informa que hoy en día 50% de las personas en el esfuerzo bélico estadounidense son “contratados civiles”. Ello quiere decir que más de la mitad de los 1.258.472 efectivos estadounidenses que operan o apoyan sus 750 bases en 70 países son mercenarios contratados a sueldo. O más, pues mercenario no aparece en estadísticas.
Algunos países prefieren usar mercenarios en lugar de soldados regulares porque, aunque los mercenarios pueden costar más inicialmente, permiten ahorrar en entrenamiento y pensiones posteriores.
Por caso, el ejército estadounidense gasta enormes cantidades en formar un soldado, y las pierde si éste muere o es lisiado, en cuyo caso se vuelve una carga; si el mercenario muere, no registra tal pérdida.
Generalmente se usa mercenarios para evitar declarar bajas en combate. Cuando mueren, sus bajas no son reportadas. Se utilizan contratados que no están bajo una cadena de mando formal para cumplir misiones que requieren una denegabilidad plausible.
Los contratados pueden ser colocados en situaciones de excesivo riesgo directo, o de ejecutar actos que no sean del agrado de los políticos, pues los medios han convencido a los idiotas de que un país debe pelear guerras en las cuales nadie es muerto y ni siquiera herido.
Extraterritorialidad
Hay dos categorías de personas: las que producen vidas y bienes económicos, y las que destruyen bienes económicos y vidas. El segundo tipo de actividades sólo reviste legitimidad cuando el Estado, en representación y defensa de la colectividad, inviste explícitamente de manera soberana a algunos de sus miembros de la competencia legal para ejercer la violencia en la defensa común contra infractores internos o agresores externos.
En el empleo de mercenarios resalta una turbia elusión de responsabilidad. El Estado encomienda de manera indirecta, mediante contrato e intermediarios, y fuera de la ley, a particulares y corporaciones para que destruyan vidas y bienes, mientras evade la responsabilidad por ellos y sus actos.
Esta extraterritorialización contractual de los productores de destrucción y muerte corre paralela con la extraterritorialización contractual de los productores de vida y bienes económicos contratados en Zonas Económicas “Especiales” donde no rigen leyes ni tribunales locales, y Estados y corporaciones eluden las responsabilidades hacia sus ciudadanos.
Es obvio que el trabajador así “extraterritorializado”, al igual que el mercenario, sale más barato que el protegido por las leyes, es sustituido sin costos cuando fallece o queda inválido, puede ser sometido a labores riesgosas o inhabilitantes y desechado sin que nadie responda por los daños que sufra.
El gran capital arriba así al punto culminante de su dominación, al disponer tanto de fuerzas de trabajo “extraterritoriales” enteramente desechables, sin derechos laborales ni sociales, como de fuerzas represivas igualmente extraterritoriales, baratas y desechables sin límite de legalidad ni responsabilidad judicial o política por sus actuaciones.
La proliferación de ejércitos mercenarios sin más estatuto que contratos privados multiplica el número de actores violentos y posiblemente antagónicos en el campo social y el estratégico, a la vez que brinda a sus promotores la posibilidad de eludir toda responsabilidad por sus actos. Tanto los productores de vida y de bienes como los productores de muerte no son más que carne de cañón sin derechos.
