Por: Carlos Heller
Las estadísticas laborales vienen mostrando una evolución positiva durante los últimos meses, luego de haberse deteriorado sustancialmente durante las dos pandemias (la macrista y la del Covid). Sin dudas, las políticas públicas ocuparon un lugar central en todo este tiempo y es vital seguir avanzando con distintas herramientas. Hace falta consolidar lo conseguido, resolviendo a su vez problemáticas estructurales, como son la elevada pobreza y la informalidad laboral.
En ese aspecto, luego de la reciente reunión que mantuvieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al Ministro de Economía, el Presidente de la Cámara de Diputados, y los Secretarios Generales de la CGT, se oficializó una suba del piso del Impuesto a las Ganancias, que pasa de $ 225.000 a $ 280.792, a partir de junio y que los Sueldos Anuales Complementarios con remuneraciones menores al nuevo piso no quedará alcanzado por el impuesto. De este modo, con respecto a 2019, 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores dejan de pagar el tributo.
Respecto de los datos de la economía, la tasa de desocupación se redujo al 7% en el cuarto trimestre de 2021: si bien registró el menor valor en seis meses, aún resta camino por transitar. Además, en ese período, el 24% del total de trabajadores/as no se encontraban registrados/as, un guarismo que mejoró en 2 puntos porcentuales en relación al de 2019.
Fomentar el empleo
El gobierno Nacional acaba de lanzar el programa “Fomentar Empleo”. Una iniciativa que apunta a ofrecer herramientas para que accedan a un trabajo registrado personas “con dificultades para ingresar al empleo formal en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través del acceso a prestaciones que les permitan mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos de calidad”. Entre los beneficiarios/as se encuentran aquellas personas con discapacidad, jóvenes sin secundario completo y/o con menores a cargo, adultos sin estudios superiores, quienes se encuentran inscriptos en el Programa Progresar, personas de género diverso, etc. En todos los casos, se requiere que no hayan tenido un trabajo registrado en los últimos tres meses. Recibirán actividades de orientación y servicios de formación laboral. En algunos casos, los beneficiarios/as y empleadores/as obtendrán una asignación monetaria. Por su parte, el martes pasado, en la Cámara Baja, las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto de reforma de la Ley de Compre Argentino. El mismo busca promover una mayor participación de la producción nacional en las compras que realiza el Estado y estimular procesos de innovación y de generación de agregado de valor en sectores estratégicos.
Entre los aspectos centrales, la iniciativa, proveniente del Poder Ejecutivo, contempla la opción de elegir como proveedora a una empresa nacional, aunque exceda en cierto tope a las propuestas que realicen compañías extranjeras. Para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) nacionales se establece un 20% de margen, en tanto que para las demás llegaría al 15%. No es trivial tampoco, la preferencia adicional en el precio del 3% contenido en el proyecto para empresas que tengan mujeres en su conducción, que cumplan pautas de desarrollo ambiental sostenible y requisitos regionales.
Cortos de miras
Los argumentos de la oposición para desmerecer el proyecto se enfocaron en que teóricamente “podemos terminar pagando mucho más de lo que son los precios de mercado”. Una reproducción lisa y llana del manual de libre competencia, y una mirada muy limitada, pues no se tienen en cuenta los beneficios indirectos.
Cuando se privilegia el Compre Argentino se está optando por el trabajo argentino, que a su vez genera consumo interno e incrementa los ingresos fiscales. Además, dado que servirá para sustituir importaciones, ayudará a lograr una mayor disponibilidad de divisas para aplicar a otros fines. Hay beneficios que el “mercado” no alcanza a ponderar y es deber del Estado hacerlo. Las leyes deben tener por objetivo proteger a los más débiles, porque los poderosos ganan siempre con los mecanismos de la libre oferta y demanda. En su momento, por ejemplo, fue el fallido ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que imponía fuertes restricciones para que en sus compras, los estados pudieran priorizar a los bienes y servicios producidos localmente. Neoliberalismo de pura cepa que la oposición continúa sosteniendo.
