Por Arturo Brooks
El gobierno británico firmó el viernes el decreto de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo quiere juzgar por una fuga masiva y difusión de documentos confidenciales, un paso importante, pero no definitivo, para el desenlace de una batalla legal que dura ya una década.
WikiLeaks y familiares de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un día negro para la libertad de prensa y la democracia.
El vocero adjunto de la Organización de Naciones Unidas, Farhan Aziz Haq afirmó: “Esperamos que se siga plenamente el debido proceso y que se respeten todas las normas internacionales y los derechos humanos, y evitó opinar sobre la decisión. No es práctica de Naciones Unidas cuestionar las decisiones judiciales. Así que estamos dejando que los tribunales sigan su camino”, dijo.
175 años de cárcel
A pesar de que decenas de organizaciones internacionales han denunciado los atropellos, arbitrariedades y violaciones a los derechos fundamentales en el juicio que se realiza en contra del fundador de WikiLeaks –entre ellas, la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas sobre la Tortura y Amnistía Internacional– y no obstante los llamados de diversas personalidades mundiales a que Assange sea puesto en libertad, Estados Unidos quiere juzgar a Assange por espionaje y podría condenarlo hasta a 175 años de cárcel. Su delito: haber publicado a partir de 2010 en WikiLeaks unos 700.000 documentos militares y diplomáticos estadunidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán.
Assange permanecía recluido desde 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh, pero fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres, cuando el entonces presidente Lenín Moreno le retiró la protección que le dio su predecesor Rafael Correa.
Violando las condiciones de su libertad condicional en Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se refugió, en 2012, en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por una demanda de violación sexual que después fue abandonada. Entonces aludió que esos cargos eran parte de una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.
Crimen y criminales
Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, al prometer que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos presuntos yihadistas.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión.
“Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior aprobó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo”, manifestó en un comunicado Stella Assange. “Julian no ha hecho nada malo. No ha cometido ningún crimen, no es un criminal. Es un periodista, un editor y es castigado por haber hecho su trabajo”, expuso la abogada, quien se casó en marzo con Assange, con el que tiene dos hijos, concebidos cuando él estaba refugiado en la embajada ecuatoriana.
La indecencia del poder
Más allá de las aberraciones de la persecución en contra del fundador de WikiLeaks, así como el empecinamiento en fabricarle delitos imaginarios –porque no cabe acusar de espía a quien no sirvió a potencia alguna, sino que trabajó para informar a la opinión pública internacional–, es claro que las maniobras entre Washington y Londres son un mensaje de escarmiento para todo el gremio periodístico del mundo: el poder público de esas naciones no tolera ser exhibido en sus actos delictivos, en su corrupción y en su indecencia, y se vengará de quienes se atrevan a ponerlo en evidencia. La determinación impone una intolerable limitación al derecho a la información de las sociedades.
La paradoja salta a la vista en el caso del video que grabó el homicidio de 12 civiles –entre ellos, dos periodistas de la agencia Reuters– en la Bagdad ocupada por las tropas estadunidenses en julio de 2007: la grabación, tomada desde un helicóptero, muestra el momento en que el grupo de peatones es ametrallado por los tripulantes, quienes unos segundos más tarde ametrallan a una familia iraquí que acudió en ayuda de los heridos. Los autores materiales, intelectuales y políticos de ese crimen no rindieron cuentas jamás, pero quienes mostraron al mundo ese hecho –la ex soldado estadunidense Chelsea Manning y el propio Assange– fueron sometidos desde entonces a un implacable acoso judicial.
