Por José Steinsleger
El litio es un mineral usado para la alimentación de energía en celulares, computadoras, satélites, automóviles híbridos y eléctricos, y una amplia gama de tecnologías. Y junto con los yacimientos de Perú, el llamado triángulo del litio (Salar de Uyuni, en Bolivia; de Atacama, en Chile; del Hombre Muerto, en Argentina), los expertos estiman que la subregión contiene litio equivalente al petróleo de Arabia Saudita, ya que, en conjunto, encierra 85% de las reservas mundiales.
Jujuy ocupa una extensión de 52.291 kilómetros cuadrados, con pueblos que resistieron la expansión del Tahuantinsuyu, en un proceso de luchas internas que terminaron cuando el conquistador español Francisco Pizarro capturó y asesinó al último emperador, el inca Atahualpa (Cajamarca, Perú, 1535).
Jujuy tiene hoy 700.000 habitantes (500.000 en la capital, San Salvador), incluyendo algo más de 53.000 con distintas identidades y lenguas indígenas (toara, fiscana, guaraní, toba, chibcha, okloya, kolla, atacama, quechua, tilián).
Sin embargo, desde inicios del siglo pasado, la provincia fue gobernada por un verdadero estado feudal y paralelo, cuyo centro de gravedad ha sido el ingenio azucarero Ledesma, propiedad de la sórdida familia de Carlos Blaquier (1927-2023).
Para el pueblo jujeño decir Blaquier conduce a evocar la tenebrosa noche del apagón durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar, en la población de Libertador San Martín, habitada por trabajadores del ingenio. Entonces, tras un acuerdo entre los militares y Blaquier, se cortó la luz del lugar para facilitar el secuestro de 400 trabajadores que fueron transportados a centros clandestinos de detención, en camiones del propio imperio azucarero, dejando 34 desaparecidos (20-27/7/76).
Ya en democracia (y tardíamente), Blaquier fue acusado penalmente por complicidad en aquellos crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación declaró la falta de mérito en la causa. Pero en julio de 2021, la Corte Suprema anuló el fallo. Y a su muerte, en marzo pasado, este auténtico señor de horca y cuchillo se encontraba, con 94 años, oficialmente procesado.
Blaquier murió impune y protegido por el actual gobernador radical Gerardo Morales, cómplice de Mauricio Macri en el trasiego de armas para derrocar a Evo Morales en Bolivia (10 de noviembre de 2019). Morales aspira a la vicepresidencia, junto con Horacio Rodríguez Larreta, aunque resta saber si en las primarias de la semana entrante, este binomio de derecha se impondrá sobre el de ultraderecha, liderado por Patricia Bullrich.
En tanto, junto con una corte a medida de jueces y fiscales (blindaje mediático incluido), la policía de Morales continúa reprimiendo a los pueblos alzados contra sus mañosas reformas a la Constitución provincial. Su propósito apunta a naturalizar la criminalización del conflicto social, instaurando el lawfare (persecución judicial) contra docentes, trabajadores, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y comunidades que defienden sus territorios, evitando las nuevas formas de saqueo de los recursos naturales, el litio entre ellos.
Además de Milagro Sala, presa política de Morales desde 2015, la última víctima conocida del gobernador fue el abogado Alberto Nallar. Defensor de las comunidades indígenas y de los derechos humanos. Imputado por los delitos de sedición, incitación a la rebelión y a la violencia, Nallar fue detenido tras conocerse un video sobre el asesoramiento que brindaba a los comuneros contrarios a las reformas de la constitución provincial.
El 80% de los que están al frente de los cortes de ruta en Jujuy son mujeres que soportan temperaturas bajo cero, sin baño, en medio del campo y asediadas por la policía. El gobernador Morales responsabiliza al kirchnerismo y “su mano de obra barata, la extrema izquierda” (sic).
Los cambios impulsados por Morales permiten ignorar la voz de los pueblos originarios al momento de decidir el uso que se le dará a la tierra. El artículo 50 de su constitución reformada para favorecer a los proyectos mineros extranjerizantes, otorga el poder de sacar a las comunidades de sus tierras asignándoles otras. Y el 67 refuerza los fundamentos para reprimir protestas en cortes de ruta. Se reafirma así la posibilidad del Estado de desalojar a las comunidades de sus tierras, pero por vía legal.
12.
En las movilizaciones jujeñas circuló una hoja volante, con una declaración que en su artículo 29 dice así: “En todo gobierno libre los hombres deben tener un medio legal de resistir a la opresión, y cuando este medio es impotente, la insurrección es el más santo de los deberes”. La declaración lleva fecha: 29 de marzo de 1793.
