Por Guillermo Torremare (*)
Todo gobierno democrático, por el hecho de haber sido votado por el pueblo, tiene legitimidad de origen. Esa legitimidad debe mantenerse durante el desarrollo del mandato, ello es una condición necesaria para el ejercicio real del poder. Cada uno de los gobiernos argentinos elegidos a partir de la recuperación democrática se dio a sí mismo una idea fuerza para que funcionara como su motor legitimante, una idea que lo identificara, que lo justificara y que resultara popularmente convocante.
La valoración y defensa de la democracia fue la principal idea fuerza que legitimó al gobierno de Raúl Alfonsín.
El logro de la estabilidad económica, más allá de sus penosos resultados ulteriores, fue la del gobierno de Carlos Menem. El gobierno de la Alianza no alcanzó a postular una idea fuerza legitimante: su capital político se diluyó rápidamente y abandonó la administración estatal a mitad de su mandato.
La reconstrucción de un Estado activo y presente de la mano de un proyecto económico de raíz keynesiana, la convocatoria a la movilización popular como expresión política y la valorización de los derechos humanos fueron las ideas fuerza legitimantes de los sucesivos mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En todos los casos, las ideas legitimantes fueron a favor del conjunto del pueblo. Las tres grandes experiencias de gobiernos post-dictadura supieron entender la necesidad popular imperante y proponer medidas para atenderlas.
La alianza Cambiemos achicó las prestaciones estatales, aumentó las tarifas de los servicios esenciales de manera exorbitante, desertó de una política productivista, abandonó toda acción en favor de los derechos humanos, bastardeó al Poder Judicial mediante una política de premios a obedientes y castigos a díscolos. Y terminó generando un alto y condicionante endeudamiento externo.
Esa política global y coherente fue pergeñada en miras a un único resultado deseable: el beneficio de un sector muy pequeño de la sociedad y el perjuicio de todo el amplio resto.
Frente a tal proyecto, ¿cuál podría erigirse como idea fuerza legitimante del gobierno de Cambiemos? Sólo una: desarrollar una política de lucha, con ribetes épicos, contra la pretensa corrupción de los funcionarios kirchneristas, y hacerla ver exitosa.
En ese propósito, Cambiemos contó con la colaboración de los medios de comunicación predominantes, enemigos con causa de aquellos a quienes se perseguiría. El gobierno presidido por Macri armó causas judiciales y las encargó a jueces amigos, quienes las tramitaron, llegando incluso a fundar una doctrina de excepción para apuntalar ilegales prisiones preventivas.
La persecución ilegal de opositores, utilizando la estructura del Poder Judicial, fue mostrada como una ejemplar lucha contra la corrupción.
La gestión de Macri llegó a su término y con los nuevos tiempos políticos aparecieron noticias e investigaciones que daban cuenta del funcionamiento de una «Mesa Judicial» que diseñaba el lawfare.
Los funcionarios que la integraban ya no están y el más importante -Fabián «Pepín» Rodríguez Simón- está prófugo desde hace más de dos años.
Lo que aún permanece incólume es el sector del Poder Judicial que se prestó obediente a gestionar el lawfare.
Más allá de los Bonadio, Irurzun, Storneli, Bruglia, Bertuzzi, Mahiques u Hornos, entre muchos otros, hay una responsabilidad insoslayable de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte, que es una de las cabezas del poder del Estado, debe garantizar el cumplimiento de las normas que integran el bloque constitucional federal.
Esta institución fue puesta en funcionamiento el 16 de enero de 1863, hace 160 años. En esa ocasión, el entonces presidente Bartolomé Mitre pasó una nota circular a las provincias que decía: «De hoy en adelante la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, estarán garantidos contra las invasiones a que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente puede conducir a los poderes públicos, induciéndolos a ultrapasar el límite de sus atribuciones respectivas.»
La expresión de Mitre, más allá de la valoración que de él tengamos, nos permite vislumbrar con claridad que el máximo órgano del Poder Judicial no ha respetado el más importante de sus previstos propósitos fundacionales.
Someter a juicio político a los jueces de una Corte Suprema de Justicia que avaló el lawfare es decidirse a dar el primer paso para andar en el modo más seguro y eficiente de garantizar derechos. También para evitar que un plan criminal pueda volver a ser usado como idea fuerza legitimante de un gobierno democrático.
(*) Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
