Andrés Asiain
La coyuntura internacional le suma desafíos adicionales a los problemas que tiene que resolver la política económica. Los precios de productos primarios -alimentos y energía- están impulsando la inflación al alza en todo el mundo. Estados Unidos tiene la inflación más alta desde 1982 (7,9%) y la del Reino Unido es la más alta desde 1992 (6,2% i.a.).
En el caso argentino, este efecto se monta sobre una inercia inflacionaria en torno al 50% y un escenario distributivo demasiado injusto que si bien viene mejorando levemente respecto del peor momento de la gestión actual -el segundo trimestre de 2021, a la salida de lo más duro de la pandemia-, aún no tiene cambios significativos respecto del que dejó el gobierno de Cambiemos en 2019.
El efecto de los precios internacionales se despliega en dos frentes: el externo y el interno. Aunque todavía hay una alta incertidumbre sobre los precios que van a regir el resto del año, el escenario actual sugiere que en el frente externo no hay un cambio significativo. El impacto positivo en la exportación de productos agropecuarios y derivados se balancea por el efecto de los mayores costos en las importaciones de energía durante el invierno y el incremento de precios general que habrá en todos los productos que importamos. El principal efecto a administrar del escenario internacional es el que tendrá en el frente interno donde surgen claros ganadores y perdedores.
Fuerte reactivación (inflacionaria)
El levantamiento de las restricciones de la pandemia implicó una fuerte reactivación económica que se tradujo en el 10,3% de crecimiento del PBI durante 2021. Las características de ese proceso fueron una marcada heterogeneidad sectorial, con sectores que repuntaban mucho más rápido que otros en función de las actividades habilitadas y los comportamientos de la demanda. La reactivación post-pandemia fue de la mano de una aceleración de los aumentos de precios que mantuvo a raya los salarios reales, dando lugar a una importante recomposición de los márgenes de ganancia. Eso se tradujo en un empeoramiento inicial de distribución del ingreso, que recién pudo empezar a compensarse en el segundo trimestre de 2021.
La aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 corre el riesgo de mantener el esquema de expansión con escasa mejora en la distribución o, incluso, contraer el consumo y con ello también el nivel de actividad.
Las consecuencias de los nuevos precios internacionales ya empezaron a materializarse. Se registró una variación semanal del 2,2% entre el 7 y 14 de marzo, el valor más alto desde la corrida de precios con la que los empresarios “recibieron” a la nueva gestión en la Secretaría de Comercio.
Como respuesta, las medidas que desplegó el Gobierno apuntan a amortiguar el impacto, por lo que una parte significativa de los aumentos se terminará convalidando. Si esto se traduce en una escalada de precios que se come los ingresos de la población, el crecimiento del consumo de los últimos meses se interrumpirá y también la mejora en los indicadores sociales como la pobreza y el desempleo.
La ficción de conformar a todos
Sin embargo, el Gobierno todavía no usó todas las herramientas que tiene a disposición para enfrentar la suba de precios internacionales. Comenzó con una modificación mínima de las retenciones a los derivados de la soja, que pasaron del 31 al 33%, buscando conformar un fondo con el que contener el precio interno del trigo. La medida, que utiliza los escasos márgenes legales que le quedan al Ejecutivo en materia de establecer retenciones, alcanza para subsidiar parcialmente el precio interno del trigo ante la escalada de su valor internacional.
Para eludir la traba legal con las retenciones, puede recurrir a tipos de cambio diferenciales pero se encuentra en esa materia con el escollo del FMI que no habilita esas reformas. Podría volver a aplicar un monitoreo más estricto de las líneas de producción, como sucedió en 2020, para evitar faltantes en las góndolas. Avanzar en esta agenda implica mayores costos. En lo político-institucional, deberá lidiar con un sector empresario que puso la guardia en alto al elegir a Funes de Rioja, delegado de las empresas productoras de alimentos, al frente de la UIA.
Las entidades de la Mesa de Enlace también van a fondo y no están dispuestas a ceder un milímetro, cuestionando toda la vigencia del sistema de retenciones a pesar de los precios internacionales récord. Esta dimensión es central ya que el resultado de las medidas no depende sólo de la voluntad de decisión de un Gobierno en un momento determinado, sino de las posibilidades de traccionar al resto de los actores en función del resultado buscado. En ese sentido, el camino de la moderación y búsqueda de consensos, puede quedar preso de las posiciones distributivas ultraconservadoras defendidas a ultranza por parte del establishment empresarial.
