Por Carlos Heller
El gobierno sigue trabajando en los múltiples frentes para que la economía no detenga su marcha y continúe la creación de empleo. En paralelo, enfrenta otros grandes desafíos, como es el caso de la reducción de la inflación, la necesaria recomposición de los ingresos de los trabajadores y las críticas infundadas de la oposición al manejo de la deuda en pesos, entre otros. La gestión de los temas de la agenda, que jamás es sencilla, se vuelve aún más compleja ante la cercanía de las elecciones, dada la existencia de ciertos sectores que tratan de instalar zozobra para obtener rédito político. En este contexto, el gobierno nacional llevó a cabo un canje de deuda pública en pesos para postergar los vencimientos que operan hasta junio, trasladándolos al período 2024-2025, con el objetivo de terminar con esa falsa idea, deliberadamente instalada, de que “cada dos o tres meses algo está por explotar”. Incluso antes del anuncio del lanzamiento del canje, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) afirmó con tono de denuncia que esta era una nueva maniobra que “solo traerá más inestabilidad”, y que “podría desembocar en un salto inflacionario”. El objetivo del comunicado fue idéntico al de un mes atrás, cuando desde ese sector se hizo alusión a una “bomba” de la deuda que estaría a punto de estallar, una actitud absolutamente irresponsable. El anuncio de la conversión de deuda en pesos tuvo una muy buena recepción de los principales actores del mercado. La adhesión terminó alcanzando al 64% de los títulos elegibles y de esta forma se redujo el monto de vencimientos en cerca de $ 4,34 billones, de los $ 7,5 billones de los vencimientos de los títulos elegibles. Los nuevos instrumentos colocados poseen una vida promedio mayor a los 18 meses, venciendo en fechas posteriores a las elecciones de este año, una condición que tiene gran importancia. Es un plazo superior al conseguido en las últimas dos operaciones de conversión (noviembre de 2022 y enero de 2023), cuando los instrumentos colocados tuvieron una vida promedio de 8,9 y 7,9 meses, respectivamente.
Producción industrial
El Indec acaba de publicar los datos del Índice de Producción Industrial Manufacturera (IPI), mostrando que durante el mes de enero el sector exhibió un alza mensual del 0,7% para la serie sin estacionalidad (6,3% en el contraste interanual).
De esta manera, la industria mostró su mejor enero en 5 años (medido en cantidades producidas) y el segundo mejor de la serie. Solo 2 de los 16 sectores contemplados tuvieron caídas, lo que indica que la mejora fue muy generalizada. El sector de la Construcción registró en enero una suba desestacionalizada del 4,3%, más que compensando la caída del 3,5% del anterior mes.
Diversos analistas ponderaron que desde la mitad de diciembre se incrementaron las importaciones de componentes clave para la producción de insumos y que además se empezaron a reactivar obras, entre ellas las públicas. Quiere decir que estamos en presencia de un Estado que, lejos de “ahogar” al sector privado, está preocupado por lograr crecimiento con inclusión.
No obstante, existen importantes limitaciones que exigen adoptar regulaciones
para el cuidado de recursos que son estratégicos para sostener el crecimiento, como es el caso de las divisas, y que naturalmente no resultan bien vistas por los grupos
Ayuda por la sequía
Una sorpresa para varios fue lo que generó el buen ritmo de negocios que se estuvo viendo en Expoagro, indicando que hay actores en el sector que tienen pensado seguir invirtiendo, una consecuencia de los elevados rendimientos de los últimos años. Esta observación no implica desconocer los efectos que está teniendo la sequía que afecta al sector agropecuario y agroindustrial, y al país en general.
Al respecto, el Gobierno nacional anunció un paquete de $ 28.000 millones de inversión con el fin de impulsar al sector agroindustrial, afectado por la fuerte sequía. A su vez, implementará una serie de medidas de alivio fiscal para paliar la emergencia agropecuaria, que incluye un plazo especial para el cumplimiento de la obligación de pago de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales, del fondo para la educación y promoción cooperativa y del monotributo.
Además, se destinarán recursos a 4.318 pequeños y medianos productores del sector lácteo a través del programa Impulso Tambero, que será financiado con los ingresos adicionales de retenciones generados a partir del Programa de Incremento Exportador.
