Por Pedro S. Peretti
Nadie sabe- a ciencia cierta- quien es el dueño de la tierra en la Argentina, si paga o no impuestos, si está en manos locales o extranjera, si aún queda algo en la esfera pública o es toda privada. Ningún poder, ni provincial, ni nacional, interviene seria y regularmente en cómo se usa y quien la tiene. La respuesta, a ese combo de preguntas fue y es, uno de los secretos mejor guardados en la república. Todo lo que sabemos sobre “ella”, lo sabemos por deducción o aproximación, pero no por la certeza, que dan documentos y registraciones oficiales.
Es un área de gobierno, que siempre estuvo rodeada por el misterio y la desidia, que lejos de ser una vulgar negligencia burocrática, es una verdadera y planificada política de Estado.
Este manejo entre bambalinas (salvo honrosas excepciones, como puede ser de 1943 a 1955), de un bien tan preciado y finito, fue la “técnica” utilizada, que permitió y allanó el camino a su altísima concentración actual. Mientras la Nación, miraba -no ingenuamente- para otro lado, las provincias dilapidaban la tierra pública entre los amigos del poder, empresarios poderosos y contubernios diversos….
Así, lograron sustraer al latifundio del debate público, como “algo”, que no había que discutirlo, que era muy natural, que una sola persona física o jurídica tuviera 1 millón de hectáreas no merecía ningún mínimo comentario, ni mirada específica de la clase política. Lograron “venderlo” junto o como complemento, de la ampliación del área sembrada o de la frontera agropecuaria, identificando a “esa” depredación ambiental, como el progreso y la modernidad, que va a derramar prosperidad al conjunto de la sociedad.
La instalación, de ese discurso como verdad instalada e inmutable en una buena parte de la sociedad argentina, representa el mayor triunfo político-cultural de la oligarquía terrateniente argentina.
Una modesta reflexión
Desde la instalación de la dictadura cívico-militar en 1976 hasta hoy pasaron, 46 largos años, en todo ese período -excepto dos acciones aislada- la Argentina nunca discutió sobre la gran propiedad rural… En ese largo lapso de tiempo, ni en democracia ni en dictadura, que miles y miles de hectáreas estén acaparadas por un tan reducido número de dueños nunca llamó la atención de la política. Pasó totalmente desapercibido, ni siquiera mereció un mísero debate parlamentario. Nada, ni una modesta reflexión desde la perspectiva de la soberanía y seguridad alimentaria, ni desde el punto de vista ambiental, ni desde las migraciones rurales-urbanas, ni desde el hábitat, ni desde lo fiscal, ni desde la ocupación geopolítica del territorio, nunca nada…
¿Increíble, no? Que semejante volumen de corteza terrestre, esté en tan pocas manos no merezca la atención de los poderes públicos… sorprende… ¿o no tanto?…
Desidia, olvido, o una deliberada acción política planificada, sobre la indolencia y la flojedad sin coraje de una “clase” política sin patriotismo, salvo honrosas, notorias, calificadas y publicas excepciones.
Dos únicas excepciones
Sólo hubo -durante el período de tiempo referido- dos hechos puntuales para poner en la agenda del debate público, al latifundio. Obviamente, los dos en democracia, y durante el mismo período de gobierno:
El primero, el Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra, organizado por la Federación Agraria Argentina en Parque Norte, Buenos Aires. en el año 2004. El segundo fue la Ley 26.737/12 sobre Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, más conocida como, Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre del año 2011. Fue una de las propuestas que surgió del mencionado congreso y que, inexplicablemente los diputados de origen federado, que habían realizado el congreso y reclamado la Ley, cuando la presidenta CFK, lo envío al Parlamento para su discusión y posterior sanción, se opusieron. Pero eso es harina de otro costal. Esta Ley impulsaba un Registro Nacional de Tierras Rurales. Que se pone en marcha mediante el decreto reglamentario 274/12 cuya primera titular fue la Dra. Florencia Gómez. Este registro, fue el primer y único intento estatal serio desde 1955, de visibilizar al Latifundio (aunque parcial e incompleto) ya que estaba referido a las tierras en manos de extranjeros y el latifundio es una rémora feudal per se, sea nacional o extranjero, pero fue un paso adelante y no menor. La magnitud del mismo, esta vista, ya que el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras medidas que tomó fue modificar por decreto la Ley de Tierra, reduciéndola a la nada.
