Por: Carlos Heller
La actividad económica continúa mostrando una significativa recuperación luego de las dos pandemias que padeció nuestro país, como ya se ha comentado en esta columna en varias oportunidades. Sin embargo, nunca es redundante recordar de dónde venimos, cómo estábamos a fines de 2019. Un país con contracción de la actividad económica durante tres de los cuatro años de gestión macrista, combinada con un empeoramiento en la distribución del ingreso, caída de los salarios reales cercana al 20%, tasas de desocupación superando el 10%, incremento de la informalidad laboral, fuerte endeudamiento público y privado en moneda extranjera, entre otros.
Es por ello que resulta interesante analizar una de las variables que tuvo protagonismo en la recuperación pospandemia: la inversión, tanto pública como privada. Durante el año 2021, aun atravesando momentos álgidos de pandemia sanitaria, esta creció un 33% en términos reales y la tendencia continúa durante el primer cuatrimestre de 2022.
La obra pública tuvo un rol protagónico en este desempeño. En 2021 la inversión directa del sector público nacional creció en términos reales un 88%. Alberto Fernández señaló recientemente: “Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Este esquema estaba concentrado en seis corredores con 70 obras, y era un enorme problema porque era un contrato leonino en perjuicio del Estado”.
Por todo ello, cabe destacar el cambio en el enfoque del Gobierno a la hora de emprender este tipo de proyectos, por el cual no sólo generan empleo y mejoran la infraestructura del país sino que, citando nuevamente al Presidente, “hacemos estas obras con enorme tranquilidad de conciencia porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga negocios y sólo lo hacemos para que la gente viva mejor”.
Alimentos
“Las perspectivas para los precios de los alimentos son una gran preocupación (…) Tuvimos una fuerte rebaja en la tasa de crecimiento global y el mundo continúa enfrentando vientos en contra porque tenemos una crisis del costo de vida. Los precios de los productos básicos, entre ellos el combustible y los alimentos, están subiendo en todo el mundo”. Es una frase de Gita Gopinath, subdirectora del FMI, en el Foro de Davos.
A mi entender, uno de los mejores remedios sería aplicar impuestos a las rentas excepcionales y a las grandes fortunas.
Argentina no es una excepción a lo que pasa a nivel mundial, más allá de que parte de niveles más altos de inflación que el resto de los países. Respecto de los alimentos, cabe poner en evidencia cómo se ve amenazado el adecuado acceso a los bienes con mayor peso dentro de la canasta básica, a pesar de ser un país que está en condiciones de alimentar a una totalidad de personas que supera varias veces nuestra población.
Una de las principales razones de esa anomalía es que los grandes formadores de precios tratan de alinear los valores internos a los del mercado mundial. No siguen la evolución de los costos internos y se guían por la lógica de la maximización del lucro privado, oponiéndose a cualquier medida que atente contra ese enfoque. Ante esas proposiciones, hay que sostener firmemente que el Estado debe actuar para garantizar una alimentación digna, entre otras varias cuestiones esenciales.
Inflación
Con relación a la inflación —en general—, teniendo niveles mensuales como los que se han producido, es difícil que las políticas de redistribución sean efectivas y no queden como una estrategia más para compensar la dinámica de los precios. Estos últimos son los que se mueven primero y luego los ingresos tratan de recuperarse.
Una situación que conviene destacar es que el Gobierno está logrando mantener los equilibrios de la macroeconomía. Por caso, en abril la base monetaria aumentó un 44,3% interanual, 14 puntos menos que la inflación. Significa que la emisión es vagón, no locomotora. Ocurre algo similar con el tipo de cambio y con los salarios, ambos vienen por detrás. Así y todo, los voceros del establishment (con los grandes medios amplificando sus declaraciones) culpabilizan al Estado por la inflación, y piden la vuelta del Estado “canchero”, una opción social y económicamente inviable.
El gran desafío pasa por bajar la inflación sin resentir el crecimiento, para que la población, sobre todo los sectores más vulnerables, perciban de una manera más efectiva cuánto se está mejorando y recomponiendo la economía. Hay que tener bien presente que la causa de fondo es la puja distributiva.
