Por Carlos Heller
La posibilidad cada vez más concreta de llegar a un acuerdo con el FMI, lo cual está muy lejos de ser una situación para festejar o entusiasmarse (pero que deviene del impagable acuerdo de Mauricio Macri), despejaría el sendero de vencimientos de deuda en moneda extranjera, y sería un paso importante a la hora de resolver uno de los principales problemas heredados del gobierno anterior. Como comentamos en esta misma columna, se estaría obteniendo un plazo de pago de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, además de recuperar los importes ya pagados, que permitirán reforzar las reservas.
La otra cuestión esencial es que el acuerdo no estaría contemplando ningún tipo de las llamadas reformas de segunda generación, como la previsional y la laboral, a la vez que fomentaría el incremento del gasto en inversión y la atención a los programas sociales. Si estas cuestiones, además de la aceptación de la “multicausalidad” de la inflación (dentro de los cuales estarían los acuerdos de precios) son parte del “pragmatismo” con el cual las autoridades del FMI dicen que están enfocando las negociaciones con Argentina, es algo que se irá definiendo en la concreción del acuerdo, cuya aprobación recaerá en el Parlamento.
Argentina y 10 más
Según datos de un reciente informe de la Cepal, se destaca que Argentina se encontraría
dentro de los 11 países de América Latina y el Caribe que lograron recuperar los niveles del PIB previos a la crisis de la pandemia.
La Cepal también hizo hincapié en el tema impositivo al señalar que “es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demandas de gasto”. Respecto a la evasión tributaria, la Cepal estima que llega a 325.000 millones de dólares en la región, el equivalente al 6,1% del PIB. A lo que agrega la necesidad de “consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables”.
Una de las ideas que se está debatiendo es mejorar el equilibrio fiscal a partir del incremento en la recaudación y no del recorte de gastos.
El déficit primario se cerró en el 3% del PBI en 2021. Este resultado no se produjo porque se implementaron políticas de ajuste, sino porque la economía creció más de lo previsto y, por lo tanto, los ingresos fueron mayores.
No ahogar el crecimiento
La postura del gobierno también resultó clave en el debate con el FMI respecto a la idea de que a la inflación hay que abordarla con un enfoque integral, y por lo tanto, además de las cuestiones fiscales, monetarias y cambiarias que se están acordando, las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real.
Si bien en nuestro país es un problema particular y recurrente, en el resto del mundo también se han registrado incrementos considerables de los precios internos. En particular, el índice mundial de precios de los alimentos registró su mayor valor desde abril de 2011.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue explícita sobre las implicancias de este tema en el mundo: “La inflación es un problema económico y social más significativo de lo que pensábamos hace unos meses atrás”. “Cuando pensamos en la inflación y la suba de tasas de intereses, la recompra de bonos de bancos privados, eso tiene impacto sobre el acceso al crédito y las oportunidades de crecimiento y afecta a otros países, y otro problema es el mayor nivel de endeudamiento”, agregó.
En resumen, es lógico que el acuerdo con el FMI genere distintas opiniones, en especial desde los sectores que integran el gobierno y que fomentan políticas a partir de un Estado fuerte y presente, que aplique regulaciones a la economía y persiga la mejora de la distribución del ingreso: políticas que se encuentran en las antípodas de los enfoques habituales que el FMI ha aplicado a los países deudores. De allí que el gobierno argentino, basado en la magnitud y oportunidad del préstamo concedido, sus negativos resultados, presentes y futuros, ha venido negociando para que el acuerdo despeje incertidumbres, y no impida seguir creciendo con equidad.
