Por Carlos Heller
El proyecto que propone la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” obtuvo esta semana dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, tiene por objetivo hacerle frente a la deuda heredada sin que se afecten las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población. Se plantea realizarlo a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país. Quienes evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar, al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que además las enviaron al exterior.
Es un proyecto que está fuertemente vinculado con la abultada cantidad de divisas fugadas al exterior durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, proceso que fue facilitado gracias a la enorme deuda de 45.000 millones de dólares contraída con el FMI durante ese período.
La vicepresidenta Cristina Fernández definió claramente una de las consecuencias de este endeudamiento: “Este proceso ultra inflacionario que estamos viviendo hoy en Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro (…). Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal o es la oferta y la demanda y además que los empresarios no tienen nada que ver”.
La fuga que llamaron inversión
Un informe del BCRA señala que “durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, casi 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos (…) En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales. A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (fuga de capitales) se triplicó. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los 45.100 millones de dólares”. Una cifra muy similar a la efectivamente desembolsada por el FMI en 2018.
Fueron tiempos en los que los capitales especulativos aprovecharon la eliminación de las regulaciones monetarias y cambiarias dispuesta por los funcionarios del macrismo, y el ya conocido circuito del “carry trade”, adquiriendo principalmente Lebacs, letras del Banco Central en pesos, cuyo rendimiento pasó del 32% a fines de 2015 a tocar un pico del 57%, además de permitirse que fueran compradas por privados (al 2015 eran exclusivas para bancos). Luego, ante la posibilidad de devaluación, los inversionistas convertían los pesos en dólares y terminaban yéndose con elevadísimas ganancias en divisas.
Hasta el propio FMI, en su informe ex post de diciembre de 2021 sobre el préstamo otorgado en 2018, señala que “el programa no cumplió con sus objetivos… el aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio”.
Que paguen los culpables
A esta altura, no caben dudas de que la evasión y la elusión fiscal son unos de los flagelos que existen en el mundo, ya que exacerban las inequidades preexistentes al generar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Sólo para citar un ejemplo a nivel regional, en un informe de este mes, la Cepal sostuvo que la evasión tributaria en América Latina representó un 6,1% del PIB en 2018, equivalente a 325.000 millones de dólares.
Volviendo al proyecto de ley, los recursos del Fondo para cancelar la deuda con el FMI provendrán de lo recaudado, con una alícuota sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que no hayan sido declarados ante la AFIP. Si se declaran los bienes con seis meses de retraso (posteriores a la entrada en vigencia de la norma), la tasa a aplicar será del 35%. Pero si no hay declaración voluntaria y la AFIP inicia la fiscalización, y el deudor la acepta dentro de los 15 días, el pago será del 50%. También debe quedar claro que en este proyecto de ley no se exime a los sujetos alcanzados de las investigaciones de delitos de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, trata de personas u otros. En resumen, no debe ser el pueblo el que pague el crédito con el FMI, sino quienes se beneficiaron con éste, puesto que permitió una gran fuga de divisas.