Por Luis Britto García
1.
Entre abogados te veas, reza la maldición gitana. Entre lawfares te mueras, sentencian los imperios. Término acuñado en la Universidad de Harvard, alude a demandas temerarias de fundamento legal escaso o inexistente, con fines esencialmente políticos y económicos, acompañadas de presiones sobre los tribunales y campañas mediáticas para influir en sus decisiones y legitimarlas ante el público.
2.
Tan antiguo es el lawfare como la misma ley. Recordemos la farsa judicial contra Jesús. Éste expulsa a los mercaderes del templo; los fariseos lo acusan; Pilatos lo absuelve: los fariseos lo condenan en su propio sanedrín, y lo reenvían a Pilatos, el único que podía ejecutar sentencias de muerte. El agua con la que se lava las manos bautiza a la religión más difundida del mundo. El lawfare que condena absuelve ante la Historia.
3.
Pasemos por alto el cónclave francés que condena a la hoguera a Juana de Arco por pelear contra invasores ingleses, el jurado inglés que decapita a Santo Tomás Moro por no aprobar el divorcio de Enrique VIII. Cualquiera puede interponer demandas. El lawfare requiere que en favor de ellas se muevan poderosos intereses económicos y políticos, capaces de influir en el sistema judicial. El presidente Richard Nixon es enjuiciado por intento de espiar una Convención Demócrata. Las evidencias son suministradas por un misterioso informante telefónico, “Garganta Profunda”, quien a la postre resulta ser agente de la CIA. ¿Quién puede creer que un político que se había hecho inmensamente rico en el poder fuera depuesto por intento de espionaje, en un país donde dicha actividad es un deporte nacional y los equipos para ello se venden en todas las tiendas de electrónicos? Nixon había terminado con la guerra de Vietnam, el gran negocio del Complejo Militar Industrial que domina EE.UU. El aparente legalismo disimula siempre un motivo más poderoso oculto. Recientemente cuerpos de seguridad allanan la residencia del expresidente Donald Trump y decomisan documentos relativos a la seguridad nacional. Detrás del allanamiento está el interés del partido Demócrata de evitar que el intemperante billonario se lance de candidato para las próximas elecciones.
La brújula del lawfare apunta hacia el poder: su aguja es dedo que acusa.
4.
A falta de leyes, el lawfare las inventa. En Nuremberg fueron justificadamente condenados en 1945 los jerarcas nazis en virtud de leyes “retroactivas” sancionadas después de cometidos los crímenes. No fue juzgado ninguno de los aliados que convirtieron en piras funerarias con 100.000 víctimas por bombardeo ciudades sin objetivos militares como Hamburgo, Dresden, Bremen, Tokio, Hiroshima, Nagasaki, y después Hanoi. “De haber perdido, hubiéramos sido condenados como criminales de guerra”, confesó Robert Mc Namara.
Lawfare sólo condena derrotados.
5.
Cimiento del lawfare es la pretensión de que las leyes de E.UU. son aplicables extraterritorialmente en todos los países del mundo a ciudadanos extranjeros no obligados por ellas, y por actos cumplidos fuera del territorio y jurisdicción estadounidenses. En virtud de ella se secuestra en Londres al australiano Julian Assange, se asesina en Irak al general iraní Soleimaní, se ofrece recompensa en Washington a quien ultime al presidente Maduro, se secuestra en Cabo Verde al diplomático venezolano Alex Saab, se confisca en Argentina el avión venezolano de Emtrasur, se perpetran crímenes de lesa humanidad similares. A su vez, pretenden ser inmunes a las leyes de los países donde operan: EE.UU. atribuye la falsa condición de diplomáticos a sus soldados que ocupan Colombia, para hacerlos invulnerables ante las leyes locales.
6.
Mientras más nobles las normas, más infame el uso que les da el lawfare. En lugar de garantizar los Derechos Humanos, Estados Unidos soborna magistrados y ONG´s para acusar a sus adversarios y llevarlos como reos a la Corte Penal de la Haya, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 0rganismos a los cuales, por cierto, no está sometido Estados Unidos.
7.
Así como hay penas y demandas por mala praxis médica, debería haberlas por la mala praxis del lawfare. No es posible que jueces no elegidos democráticamente destituyan a presidentes electos por las mayorías como Fernando Lugo o Lula con acusaciones de las cuales a la postre resultan inocentes, que depongan a Dilma Roussef por la contravención menor de dedicar fondos de una partida presupuestaria para los fines de otra, que se hostigue a Rafael Correa, a Cristina Fernández de Kirchner y a Pedro Castillo con diluvios de demandas temerarias para truncar sus carreras políticas. La democracia debe entrar al Poder Judicial.
