Por: Carlos Heller
Si bien el dato de la inflación de julio (7,4%) era esperable, no por ello deja de preocupar tal aceleración respecto de los registros previos. En este contexto, resulta imprescindible adoptar las políticas necesarias para morigerar las expectativas, y proteger los ingresos de los argentinos.
La multicausalidad de la inflación mantiene plena vigencia, por varias razones. El tipo de cambio oficial sigue sin ser la locomotora de la inflación, como tampoco lo han sido las tarifas. En cuanto a la emisión, según el último informe del BCRA, la base monetaria se ubicó en julio en el 5,2% del PBI, que son niveles mínimos desde el año 2003.
Las políticas públicas, por su parte, siguen tratando de recomponer el poder de compra, es decir que son otro vagón, no la locomotora. Según la última información del Indec, los salarios reales cayeron en junio un 0,4% mensual. Y si bien en la comparación interanual están un 2,3% por encima de la inflación, aún se está muy lejos de recuperar lo perdido por el golpe que les asestó el gobierno macrista.
Escalada irracional
De lo expuesto se deduce que lo que ha venido empujando a los precios no está vinculado a los fundamentos de la economía sino a factores —relacionados entre sí— como la puja distributiva y la especulación, que amplificaron la brecha cambiaria a niveles artificialmente inflados.
La irracional escalada de los valores de los dólares ilegal y financiero impactó en los precios, y estuvo influida por las falsas versiones acerca de un posible “reperfilamiento” de la deuda pública, una idea a todas luces irresponsable. Los números de la inflación de julio deben ser considerados como un pico y la variación de los precios debería empezar a ceder.
Respecto de la deuda pública, el panorama de vencimientos se encuentra despejado luego del canje voluntario de deuda en pesos que el Ministerio de Economía acaba de realizar, y mediante el cual se logró la conversión de títulos que vencían en agosto, septiembre y octubre por $2,5 billones. Se alcanzó una adhesión del 85%, con ofertas de los organismos públicos, y con una aceptación significativa de los tenedores privados.
Además, el jueves último se realizó una licitación en la que se colocaron títulos por $182.772 millones, monto que duplicó los vencimientos.
Suba de las tasas
Por su parte, el mismo día que se conoció el dato de inflación, el BCRA decidió elevar 9,5 puntos porcentuales la tasa de las Leliq a 28 días hasta el 69,5%. Un recorrido similar se fijó para la tasa mínima garantizada de los plazos fijos a 30 días por hasta $10 millones (personas humanas), que subió al 69,5%. En materia de tasas activas, las reguladas de los préstamos también se incrementaron en similar proporción que las de las Leliq, tanto para la Línea de Inversión Productiva destinada a MiPyMEs como para las tarjetas de crédito. Como suelo señalar, la política de tasas de interés es un tema muy sensible y hay que monitorearla de cerca, para evitar que los ahorros pierdan poder adquisitivo y a la vez para minimizar el impacto que la suba del costo de los créditos pueda tener sobre la producción, la inversión, y el consumo.
El desafío energético
En el actual contexto mundial, la energía pasó a tener un rol protagónico en las políticas de Estado, principalmente en los países centrales. La escasez y el consecuente incremento de su precio tienen como causa principal la guerra en Ucrania.
Como es lógico, nuestro país no escapa a esta nueva dinámica global y por ello las últimas decisiones del Gobierno resultan importantes para el futuro de la matriz energética y productiva de la Argentina.
El miércoles pasado se firmaron los contratos para la obra del Gasoducto Néstor Kirchner, que contempla el tendido de una cañería de 583 kilómetros. El gasoducto permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas y sustituir importaciones energéticas por unos U$S2.200 millones al año.
Este proyecto podría estar activo antes del invierno de 2023, reduciendo la necesidad de recurrir al gas importado, ya que las compras de energía pasaron de U$S2.280 millones en 2021 a U$S6.600 millones en 2022. No debemos olvidar que el gasoducto es esencialmente una estrategia a largo plazo.
En definitiva, mientras el Gobierno toma medidas para contrarrestar la incertidumbre que tratan de instalar ciertos sectores, sigue avanzando con medidas que responden a las necesidades reales de nuestra economía y a los desafíos que impone el actual contexto externo.
