Por Carlos Heller
Quiero comenzar la nota resaltando el concepto de la Argentina circular que comentara recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Ese raro momento en que el pasado se torna presente y, tal vez, frustre el futuro”.
Ratificando el concepto de circularidad en nuestra historia, se conoció esta semana un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las irregularidades en cuanto a la toma, ejecución e impactos para el país del préstamo con el FMI firmado por el gobierno de Mauricio Macri (junio de 2018).
Es evidente que se trató de un acuerdo lesivo y absolutamente viciado desde el origen. La finalidad fue posibilitar una posible reelección, sin importar que el país quedara condicionado por generaciones con el crédito más grande otorgado por el FMI en su historia, algo que alerté en su momento y de lo cual hoy es muy difícil escapar.
El informe de la AGN encontró múltiples anomalías, entre ellas:
– El acuerdo fue firmado por el entonces ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.
– No se cumplió con la Ley de Administración Financiera.
– Tampoco se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso.
– No se efectuaron análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad.
– Casi el 30% de los desembolsos de 2018 y 2019 se utilizaron para financiar la salida de capitales financieros.
– Se incrementaron los riesgos de insostenibilidad de la deuda (el indicador deuda/PIB pasó del 50% en 2015 al 84,8% en 2018 y al 89,4% en 2019).
El principal problema de la deuda con el FMI es haberla tomado. Sin embargo, cabe considerar la responsabilidad compartida en tal gravoso acuerdo, y por lo tanto el legítimo derecho que tiene el gobierno argentino para renegociarlo, reviendo las principales características del mismo, entre ellas las condicionalidades, los plazos de repago, la reducción de la altísima tasa de interés, y la eliminación de los sobrecargos.
Javier Milei acaba de presentar su plataforma electoral, con un fuerte aroma a los lineamientos del programa económico que presentó Martínez de Hoz y de las decisiones más amplias de la dictadura cívico-militar. Llamativamente, en las 13 páginas de propuestas no hay una sola mención a la palabra “deuda”, como si pudiera obviarse su impacto en la economía y la sociedad. Considero que el programa de JxC no será muy distinto en lo esencial.
Seguir gestionando
Más allá de este devenir de condicionamientos e ideas del pasado, tan lesivas a nuestro pueblo, el gobierno debe seguir gestionando. El último domingo anunció una serie de medidas tendientes a desacelerar el ritmo de crecimiento de los precios, cuidando a la vez la producción y el consumo.
Uno de los ejes centrales pasa por identificar y corregir las distorsiones que se dan en el proceso de formación de precios. En este marco se estableció un nuevo rol del Mercado Central para incrementar la oferta de productos ante el abuso de las empresas por posición dominante. El objetivo es reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos y secos (todos alimentos de primera necesidad). Para ello, el Mercado Central podrá asumir el rol de importador directo de determinados productos.
Otra medida importante es la creación de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio. Está en línea con el espíritu de las tres leyes de 2014, que nunca tuvieron vigencia plena (la de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo; el Observatorio de Precios; y el Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo).
Por su parte, entre otras medidas, el BCRA elevó en 6 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, al 97%, mismo nivel que para la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas a 30 días por hasta $ 30 millones. Se procura “evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación”. Si bien se decidió aumentar la tasa de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva 1,5 puntos porcentuales, la suba es significativamente menor a la de la tasa de los plazos fijos.
En un contexto complejo, se busca fortalecer la caja de herramientas de política económica con medidas (contrarias al ajuste) que apuntan a contar con mayores márgenes para minimizar los impactos en el aparato productivo y en el poder de compra de la población.