El Gobierno anunció el acuerdo por un financiamiento de U$S8.800 millones provenientes del Banco Mundial (U$S5.000 millones en total, de los cuales U$S3.000 millones son aportes de la Corporación Financiera Internacional, orientados al sector privado); y U$S3.800 millones del BID, de los cuales U$S2.400 millones son para el sector público y U$S1.400 millones están destinados al sector privado. Pero, dado que son préstamos que se desembolsan mientras se ejecutan los proyectos, sólo una parte mínima estaría disponible para 2025.
Este financiamiento, si bien se presenta para proyectos necesarios y específicos como por ejemplo “la protección social, la educación y la ayuda a los sectores vulnerables para hacer más asequible el transporte y las tarifas eléctricas”, en realidad tiene como función primordial el ingreso de divisas. No obstante, sería de gran ayuda que dichos proyectos se realicen, pero la “motosierra profunda” los pone en duda.
En lo que va del año, el país pagó más de lo que recibió de los organismos internacionales, excluyendo al FMI. Según los datos del balance cambiario, en los ocho primeros meses de 2024 el egreso neto de divisas por estos préstamos alcanzó los U$S3.501 millones, cuando en igual período del año pasado ingresaron en forma neta fondos por U$S857 millones. Así, estos nuevos fondos de alguna manera vendrían a compensar en parte los pagos ya realizados.
Como es habitual, el FMI publicó sus estimaciones macroeconómicas. En el caso de nuestro país, espera una inflación de 45% para 2025, dejando en duda el 18,3% que presentó el Gobierno en el proyecto de Presupuesto para el año entrante. Una diferencia de más del doble respecto a la estimación oficial.
Dudas del mercado
Si el sentido de los anuncios del REPO y el financiamiento con los organismos internacionales tuvo la intención de mostrar solvencia y capacidad de pago, surgieron algunas voces de reparo de importantes analistas del mercado financiero internacional.
Cabe resaltar que estos analistas opinan con insistencia a favor de los mercados y de la desregulación y la liberalización financiera, políticas que casi siempre van en contra de los intereses de los países, en especial los menos desarrollados. Con esta consideración, sus críticas resultan aún más llamativas:
El analista principal de Moody’s Ratings para Argentina comentó: “con el gobierno anterior veíamos una situación de repago o reestructuración, con el actual gobierno vemos un reperfilamiento” de cara a 2025. Y agregó: “Si bien se espera que las pérdidas sean acotadas, para nosotros cae como un evento de incumplimiento”.
Este clima de inquietudes ya había sido expresado por el periódico especializado Financial Times. En una nota publicada el martes pasado se cita a un funcionario financiero internacional que refirió que el gobierno está realizando “el ajuste fiscal más drástico jamás visto en una economía en tiempos de paz”. El periódico señala que el Gobierno profundizó la recesión, que se evidencia en las caídas del consumo, la industria y la construcción, así como en el aumento de la pobreza que se ubicó “en 53%, el número más alto en 20 años”.
Según el diario citado, “la mayoría de los inversores extranjeros quieren ver qué tan duradero resulta el experimento de Milei antes de abrir los talonarios de sus cheques. La industria nacional está siendo presionada por la creciente fortaleza del peso, lo que también hace más difícil para el Gobierno ahorrar los dólares que necesita para pagar la deuda”.
Paciencia de los argentinos
El Financial Times concluye: “Tal vez la pregunta más importante en medio de la incertidumbre es cuánto tiempo va a durar la paciencia de los argentinos con la drástica terapia de shock económico de Milei”. Como suelo comentar, el límite al ajuste estará dado por la resistencia de los ajustados.
Es probable que Argentina consiga superar los vencimientos de 2025, al menos los del primer semestre. Y es prematuro arriesgar hipótesis sobre la duración de la sostenibilidad social del gobierno. La experiencia histórica muestra que las políticas que hacen recaer todo su peso sobre los sectores populares nunca han sido sostenibles, y han derivado en grandes penurias para la ciudadanía, tanto para las clases medias como, especialmente, para los sectores más vulnerables. Si bien con matices que tienen que ver con aspectos personales, con situaciones históricas específicas, con estilos de conducción distintos, las gestiones de José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri han evidenciado los mismos resultados negativos para la soberanía del país y el bienestar de su población. No sería ilógico, más bien hasta esperable, que las políticas del gobierno de Javier Milei tuvieran consecuencias similares.
