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Concepción del Uruguay
miércoles, octubre 9, 2024

Yo digo… El Código y El Plan

Por José Antonio Artusi

En la tarde del Jueves pasado la Escuela Avellaneda fue el ámbito de encuentro de representantes de diversas instituciones y sectores de la comunidad uruguayense, que fuimos convocados a participar del primer taller del proceso de reforma del Código de Ordenamiento Urbano, bajo la consigna “Acuerdos para el diseño de políticas territoriales”.
Se brindó información, se debatió intensamente y se intercambiaron opiniones y puntos de vista. Con buen criterio, se llevaron a las mesas de discusión consignas para abordar cuestiones que contienen pero a la vez exceden el estricto contenido reglamentario de un código de ordenamiento urbano o territorial. Hemos dicho que no puede – o más bien no debe – haber normativa urbana sin un plan, con el que se articule de manera coherente y del que forme parte, y este criterio parece haber tenido buena recepción. Hubo por lo tanto debate y participación para identificar acuerdos en torno a problemas, objetivos y propuestas que tienen que ver con diversas facetas y dimensiones de la ciudad: el desarrollo económico, el desarrollo humano, las cuestiones territoriales, institucionales, ambientales, etc.
La pericia metodológica del equipo técnico aunada al compromiso y entusiasmo de los asistentes dejó como saldo una jornada que más allá de matices y cuestiones a corregir ha sido positiva y genera un clima propicio para continuar transitando el camino emprendido.
Se lo presente así o no, la realidad indica que la ciudad tiene en marcha su quinto proceso de planificación del desarrollo urbano desde la recuperación de la democracia en 1983. Desde 2010, con la revisión del PECU, no teníamos jornadas de este tipo
Nuestra ciudad tiene una historia muy rica en materia de planificación urbana, pero a la vez es verdad que esa historia es contradictoria. Más allá de las intenciones y los objetivos no se puede ocultar que nuestra ciudad ha venido creciendo de manera desordenada, inequitativa, ineficiente e insostenible. Esperemos que esta iniciativa finalmente sea capaz de iniciar una etapa en la que planificación, normativa y gestión vayan de la mano.
Decimos “finalmente” porque es preciso reconocer que – lamentablemente – ninguno de los 4 planes anteriores logró incidir efectivamente en el proceso de toma de decisiones, ni en el sector público ni en el privado. Parafraseando a Carlos Matus, ninguno de esos planes lo fue plenamente, en la medida en que no lograron constituirse en el cálculo que precede y preside a la acción. Se transformaron más bien en “planes libro” que casi nadie conoce y que mucho menos actuaron como contenedores que brinden coherencia al diseño e implementación de las políticas públicas locales. Y el código de Ordenamiento Urbano, sometido a sucesivas reformas esporádicas y – lo que es peor – a numerosas excepciones a su cumplimiento, fue alejándose progresivamente de los lineamientos del plan, a punto tal que la cartografía que sintetiza el código vigente es absolutamente incoherente e incompatible con la que esquematiza el modelo territorial deseado establecido en 2010.
Más que un “plan – libro” entendido como un producto estático y rígido lo que se impone es la necesidad de un proceso de planificación, de carácter permanente, que combine de manera flexible y dinámica un conjunto acotado y genérico de ejes estratégicos que actúen como contenedores de programas y proyectos que se van diseñando, implementando, evaluando y revisando de manera continua, adaptándose a las necesidades y requerimientos de escenarios cambiantes y llenos de incertidumbre, conflictividad y complejidad.
De esa manera, podríamos plantear que necesitamos un “código-plan”, una herramienta amplia que conste de 3 elementos básicos:
1) Un capítulo que fije principios, objetivos, ejes estratégicos y líneas de acción;
2) Un capítulo de normativa reglamentaria, con disposiciones referidas a la clasificación del suelo, indicadores urbanísticos, zonificación, parcelamiento, usos, etc.
3) Un capítulo que establezca la institucionalización de un modelo de gestión permanente para la planificación participativa y la implementación cotidiana del código, incluyendo instrumentos urbanísticos que permitan orientar y financiar el desarrollo urbano.
Estos 3 elementos deberían articularse para procurar el logro de ciertos objetivos fundamentales, entre otros:
-Brindar a todos el derecho a vivir en una ciudad más próspera, justa, saludable, segura y sostenible.
-Orientar y promover inversiones públicas y privadas fortaleciendo el perfil de desarrollo económico diversificado de la ciudad.
-Movilizar el suelo vacante en áreas consolidadas y desalentar la retención especulativa.
-Recuperar y reinvertir la valorización del suelo generada por acciones del sector público, tanto en inversiones en obras y servicios como en disposiciones normativas, teniendo en cuenta el principio de la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización.
– Facilitar la asequibilidad al suelo urbanizado y a viviendas en localizaciones adecuadas.
-Promover la urbanización y la integración de asentamientos informales y prevenir la informalidad y exclusión a futuro.
-Mejorar la cobertura y eficiencia de las infraestructuras de servicios básicos y los equipamientos comunitarios, mediante el logro de una ciudad con densidades y compacidades razonables.
-Mejorar la disponibilidad de espacios verdes públicos de calidad.
-Mejorar la movilidad con criterios de equidad y sostenibilidad.
-Mejorar la eficiencia energética, el metabolismo urbano, la protección de cursos de agua y bordes ribereños, y la salud ambiental en general.
Se abre una oportunidad interesante para iniciar un proceso superador, que permita aprender de las experiencias pasadas y evitar los errores cometidos. Habrá que saber aprovecharla adecuadamente.

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