Por Alfredo Serrano
Desde 2015 se abrieron más de una decena de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien estaba terminando su segundo mandato presidencial. Algunas de estas causas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial, con diferentes estados de avance. Hacia finales de 2019, CFK acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva pero, a partir de 2020, en varias causas se comprobó su inocencia, lo que alivió momentáneamente su situación judicial. No obstante, la judicialización política y el lawfare persisten con mucha intensidad.
El lawfare
Las causas que pesan sobre la actual vicepresidenta fueron originadas tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, lo cual generó una serie de episodios desarrollados de manera sistemática para la consecución del objetivo buscado: procesar a CFK. Aquí algunas de las acciones más graves:
1) El 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 82/2015, intentó nombrar a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta decisión fue impulsada por Fabián Rodríguez Simón (asesor legal del expresidente y amigo personal del Dr. Carlos Rosenkrantz, uno de los magistrados elegidos para integrar la Corte y actualmente prófugo de la justicia).
2) Se amedrentó de manera cuasi mafiosa a la entonces procuradora general de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, para que abandonara el cargo. El procesamiento de Gils Carbó pudo obtenerse tras forzar al juez Julián Ercolini para ordenarlo, según declaraciones públicas hechas por el actual presidente de la nación. Asimismo, se difundió a través del diario Clarín el teléfono de su hija. Finalmente, terminó renunciando a finales de diciembre de 2017.
3) El entonces presidente Macri modificó a su antojo las estructuras de dos organismos técnicos que actúan bajo su esfera: la Oficina Anticorrupción (OA), colocando al frente a la exdiputada Laura Alonso (conocida por las denuncias formuladas contra funcionarios del Gobierno de CFK), y la Unidad de Información Financiera (UIF), donde colocó como titular a un exasesor del Fondo Monetario Internacional, el Dr. Mariano Federici, y como vicepresidenta a la Dra. María Eugenia Talerico, letrada apoderada del banco HSBC (e involucrada en una causa por lavado de dinero en Argentina a través de más de 4.000 cuentas bancarias, que la Administración Federal de Ingresos Públicos pudo identificar).
4) Por su parte, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se corroboró que, dentro del organismo se había conformado un grupo de tareas para perseguir CFK.
5) El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la conducción del Dr. Federico Sturzenegger, también fue utilizado como instrumento de persecución política.
6) El 6 de mayo de 2016, mediante el Decreto N°656/2016, Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, modificaron la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para restablecer el secretismo para manejar los fondos a discreción. Al frente fue designado Gustavo Arribas, amigo personal del expresidente Macri.
7) En el Consejo de la Magistratura se sucedieron una serie de situaciones anómalas: por un lado, se protegió a jueces que actuaban de manera funcional con el anterior Gobierno y se persiguió a quienes no acataban las directivas de persecución. El caso más paradigmático fue el del fallecido juez Bonadio, quien tuvo participación destacada en este proceso.
8) A las esas actuaciones en los organismos públicos se sumó la participación de un ente denominado “mesa judicial”. La misma se encontraba formada por algunos de los actores ya mencionados, como Macri, Marcos Peña Braun, Germán Garavano, Gustavo Arribas y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entre otros. Dicha central de operaciones impartía instrucciones destinadas a influir en el rumbo de las causas judiciales que se conectaban con la persecución penal de dirigentes de la oposición.
En las 13 causas que existen contra CFK, 12 estaban en manos del juez Bonadio, 1 en manos de Ercolini. Estas causas no fueron adjudicadas por sorteo, sino atribuidas a dedo a los jueces mencionados. Asimismo, el juez Bonadio tomo causas per se, en las cuales además de actuar como magistrado, instaba denuncias. Las causas en segunda instancia eran atribuidas de la misma manera que en primera instancia, a los jueces Irurzu y Bruglia. Siguiendo con la misma forma de proceder, fue citada a 8 indagatorias en un día. Las causas, una vez que mediante los recursos correspondientes llegaron a la Corte Suprema, fueron rechazadas, pero impartiendo orden a los jueces para que la investiguen.
