Por Carlos Heller
Cuando el presidente Javier Milei dio su primer discurso en las escalinatas del Congreso Nacional mencionó varias cosas, pero fundamentalmente se centró en dos ideas interconectadas entre sí: una fue su alusión a la supuesta “herencia explosiva”.
La otra se redujo a “no hay otra alternativa” más que la de llevar a cabo un brutal ajuste de shock para evitar un mal peor.
En uno de los pasajes mencionó: “Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”. Es una afirmación que no se sostiene, dado que no es posible comparar la situación actual, por ejemplo, con la derivada del derrumbe de la convertibilidad ni, incluso, con la que dejó Mauricio Macri.
El Presidente dijo en siete oportunidades que el “ajuste es inevitable” y en más de una ocasión prometió que el ajuste, que se conocería horas después de boca del ministro de Economía Luis Caputo, “caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.
De hecho, Milei acaba de ajustar esta proposición al mencionar que “el 60% del mismo recae en la política y el 40% en el sector privado, pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio”. Además de las dudas que genera esta “transitoriedad” no explicada, la diferenciación carece de sentido, ya que afectar al Estado es afectar casi en su totalidad al sector privado.
Caída del consumo y la recaudación
El objetivo del Gobierno es llegar al equilibrio financiero en el primer año, un ahorro de 5,2 puntos del PBI, inédito desde toda comparación internacional.
Por el lado del gasto, Caputo apuntó a un recorte de 2,9 puntos, de los cuales sólo 0,5 puntos corresponden a gastos de funcionamiento del Estado y otros. Se carga el ajuste sobre la obra pública, que impactará de forma negativa a muchas empresas constructoras, en especial pymes, y a sus trabajadores, que muy probablemente quedarán desempleados. Los aumentos de tarifas por la disminución de subsidios afectarán a toda la ciudadanía, y también a los costos de las empresas. La reducción de fondos a las provincias debilitará los presupuestos de estas, y por esa vía también al sector privado.
Por el lado de los ingresos, según un cuadro que dio a conocer el Gobierno, se espera una mayor recaudación, de 2,2% del PBI, producto principalmente de la suba del Impuesto PAIS (0,8%), de mayores retenciones (0,5%) y de la reversión de los cambios en el Impuesto a las Ganancias (0,4%). Llamativamente, el cuadro no contempla el negativo impacto recaudatorio que generará la recesión ya reconocida por el Gobierno. De allí surge una gran pregunta: ¿cuánto más habrá que ajustar, además de lo ya comunicado, para llegar a la prometida meta fiscal?
Producto de la gran devaluación del dólar oficial subieron los precios de todos los productos, impactando sobre el poder de compra de la ciudadanía y en los costos de las empresas. Es así que la aceleración de la inflación es exclusiva responsabilidad de este Gobierno, que además de implementar la devaluación dejó claro que no intervendrá en el proceso de formación de los precios. Derogar la Ley de Abastecimiento como se plantea el mega Decreto de Necesidad y Urgencia, es la frutilla del postre.
Pronóstico reservado
No es cierto que no haya alternativa al ajuste. El equilibrio fiscal debe conseguirse de manera gradual, reduciendo la evasión, el contrabando, la elusión, con más progresividad impositiva y con una economía en crecimiento. Además, en 2024 el componente “sequía” no estará presente, lo cual significa que estarán disponibles unos u$s20.000 millones más. A estos recursos hay que sumarles los dólares de sectores como el de la minería y el de la energía, que generarán mayores divisas en 2024. También habrá una mejora en la recaudación por retenciones, en relación con lo que se dejó de percibir en 2023 por la mencionada sequía.
La pesada herencia es la justificación para el ajuste, y el ajuste es un cambio en el modelo de distribución y acumulación. La devaluación, los despidos y el aumento de tarifas de los servicios públicos nos condenan inevitablemente a un escenario de aumento de la pobreza. Dada la orientación de las actuales políticas, que van en esa misma dirección, e incluso con una mayor profundidad y aceleración a las que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, se presagia un duro impacto en las condiciones de vida de una gran parte de la sociedad argentina.
