Por Luis B. García
Desde que hay capitalismo hay crisis económicas: recurrentes, destructivas, cada vez más graves. Tres soluciones se han propuesto para remediarlas: la liberal, la keynesiana, la socialista. Cada una comporta una posición con respecto al papel del Estado y del Gasto Público.
La solución liberal, basada en ideas de Stuart Mill y Adam Smith, rechaza la intervención estatal como perniciosa, la gestión económica de los entes públicos como ineficaz y el Gasto Público como negativo, porque amplía la actividad del Estado y disminuye la ganancia del capitalista que lo financia con impuestos. En consecuencia, condena la emisión monetaria, el alza de los tributos, el crédito público, las medidas de protección al trabajador y las de estímulo o restricción de ciertas actividades económicas. El Estado debía ser reducido a su mínima expresión; la economía, enteramente regida por la Ley de la Oferta y la Demanda. Ante la crisis, había que esperar a que la demanda se reactivara por creación de un nuevo sector productivo, por una guerra, o por un milagro.
El capitalismo proclama que el gasto de consumo del Estado es proporcional al desarrollo y la abundancia. Tal leyenda es de falsedad palmaria. Estado y capital siempre han actuado en complicidad y crecido acompasadamente. El uno garantiza al otro la propiedad privada de los medios de producción, la paz laboral y la expansión imperial que asegura recursos económicos y mercados.
Comparaciones odiosas
En los países desarrollados, el Estado protege, estimula y a veces financia la economía, y consume magnitudes del PIB muy superiores a las que apropian los sectores públicos de los países en vías de desarrollo. Las estadísticas del Equipo Banco Mundial sobre “Gasto de consumo final del gobierno general (% del PIB)” muestran que la participación de los Estados en el PIB no ha hecho más que crecer. Para 1960, la media mundial era de 13,7% del PIB; para 2015, era de 17,1% del PIB. A mayor participación del Estado en el PIB, mayor desarrollo. Para 2015, Alemania presentaba 19,4%, Estados Unidos 14,3%, Japón 20,4 %.
Según la misma fuente, los Estados de los Países de ingreso alto tienen en promedio una participación de 18,2% en el PIB; los Países menos desarrollados (según clasificación de la ONU) el 11,9%. El desarrollo es proporcional a la participación del Estado en el PIB.
El satanizado gasto público es también proporcional al desarrollo. Alcanza 31% del PIB en promedio en los países de América Latina y el Caribe, comparado con 41,5% en los países de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las crisis generan desastres económicos, políticos y sociales, éstos desembocan en guerras, y éstas a veces en revoluciones. La Soviética y la China surgieron del caos del sistema capitalista que acompañó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, implantaron el socialismo en vastas regiones, y amenazaron con extenderlo al resto del planeta.
Gasto compensador
Para paliar las deficiencias del capitalismo sin desecharlo, surgieron los partidarios del “gasto compensador de la actividad económica” como John Maynard Keynes, Alvin H. Hansen, Gunnar Myrdal y Harold. M. Groves, según los cuales el gobierno debe gastar lo que sea necesario a fin de asegurar un alto nivel de ingreso nacional, y para asegurar asimismo el pleno empleo: el uso integral de todos los factores de la producción.
Afirman que, en un sistema de empresa privada, el sector público puede elevar el nivel de la demanda total incrementando el volumen de los gastos públicos, y en consecuencia alterando el nivel de ingreso, empleo y precios.
Adiós a la satanización del Estado y bienvenido el incremento de la inversión y el gasto público. Aplicando estas políticas ha sobrevivido el capitalismo a duras penas a las gravísimas y sucesivas crisis que él mismo provocó durante el siglo pasado y el presente. Pero la disolución de la Unión Soviética alejó el miedo al socialismo, y algunos de los más obtusos reaccionarios volvieron a las políticas del liberalismo primitivo, generando la catástrofe que todos padecemos.
Keynes expresa el efecto positivo de las inversiones públicas sobre el monto de la ocupación a través de una relación a la cual se denomina “el multiplicador”. Esta concepción de la utilidad del Gasto Público no se fundamenta en las ventajas para la comunidad de los bienes o servicios costeados con él. Define la utilidad de tales erogaciones en relación de su eficacia para poner en marcha procesos de producción, no importa cuán estéril pueda ser su resultado inmediato.
