Por Alfredo Serrano y Amílcar Oroño
Uno de los principales desafíos que tendrá el próximo Gobierno de Lula será el de reconstruir un nuevo tipo de vínculo entre los poderes del Estado, alejado de la práctica de gobierno de Bolsonaro que trató de alinearlos y colonizarlos con sus partidarios.
En particular en lo que respecta al Poder Judicial, durante su mandato se abrirán previsiblemte dos nombramientos de la Corte Suprema.
Por otro lado, quien quede a cargo del ministerio competente -que podría ser una de las piezas para negociar con los aliados- tendrá la tarea de ajustar, recomponer y democratizar la relación con la Policía Federal y el Ministerio Público Fiscal.
El vínculo con el Congreso también deberá ser reequilibrado en términos de atribuciones.
De forma urgente, Lula deberá recuperar parte del manejo presupuestario que Bolsonaro le entregó al Congreso. Para ello tendrá que componer una mayoría estable de forma tal que pueda ir, progresivamente, aislando al núcleo bolsonarista más intransigente -alrededor de 194 diputados-.
Correlación de fuerzas
En términos de correlaciones de fuerzas, el Partido dos Trabajadores, que tiene junto con sus aliados unos 134 diputados (sobre un total de 513), por lo que deberá negociar con los 185 parlamentarios restantes entre de los cuales hay miembros de partidos que acompañaron a Lula, como el MDB, PSD y Unión Brasil.
La alta fragmentación partidaria con representación en el Congreso (23 partidos con bancas en Diputados) hace preveer un necesario reordenamiento interno que otorgue previsibilidad a su relación con el Poder Ejecutivo. Lula tendrá que colocar mucha atención para estabilizar la volatilidad de comportamiento legislativo, lo que en términos de negociación también será un aspecto que termine organizando la próxima composición ministerial. En ese sentido, el atraer un abanico amplio de nombres y partidos para su coalición electoral quizás haya sido, también, un punto de partida para reaseguros de gobernabilidad futura.
Ningún partido controla más de cuatro estados de la Federación. El PT por su parte no gobernará ninguno de los principales estados del país, ni Río de Janeiro, ni Minas Gerais, ni San Pablo; tampoco gobierna sus capitales. En esta dimensión, el nuevo Gobierno deberá generar una dinámica de conversación política muy intensa.
Una tarea clave será la de recomponer y estabilizar las relaciones entre la Federación y los estados, relación que Bolsonaro tensó duramente durante la pandemia, lo que más allá de los efectos operativos que supuso para las transferencias administrativas, repercutió sobre la propia dinámica económica del país.
Política exterior
Jair Bolsonaro dedicó casi toda su agenda de Gobierno de los últimos meses a potenciar su campaña por la reelección. Incluso su política exterior fue puesta a disposición de tal objetivo, como quedó claro, por ejemplo, con el mitin desde la Embajada en Londres durante su paso por los funerales de la reina de Inglaterra. En particular, Lula tendrá que volver a encuadrar tres agendas internacionales que fueron distorsionadas en estos cuatro años, producto de un manejo tan errático como ideologizado de la política exterior.
En primer lugar, la política exterior brasileña deberá reconstruir el perfil de su participación en los Foros e Instituciones internacionales, intentando volver a registrar su actuación en el marco de sus sólidas y respetadas tradiciones diplomáticas, lo que también permitirá, por ejemplo, volver a pensar en su petición por participar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Celac y Mercosur
En segundo lugar, deberá encontrar un vínculo estable y previsible tanto con EE. UU. como con China (principal socio comercial), especialmente en el marco de la creciente tensión entre ambos países. Esto incluye también definir su participación en los BRICS y su eventual ingreso a la Nueva Ruta de la Seda y, por otro lado, qué relación de seguridad hemisférica tendrá con Estados Unidos.
Finalmente, Brasil tendrá que establecer bajo qué términos pretende vincularse con los países latinoamericanos. Durante el mandato de Bolsonaro, por la sucesión de triunfos de fuerzas políticas progresistas que ocurrieron en la región desde 2019, Brasil tomó una actitud de distanciamiento, lo que se tradujo en varias acciones, como su retiro de la Celac o la indiferencia con la que participó del Mercosur. Lula tendrá, en este plano, una ventaja operativa: es reconocido por casi todos los presidentes de América Latina como quien puede dar los pasos necesarios para volver a diseñar ámbitos de integración, o relanzar los existentes, de forma tal de superar el impasse en el que se encuentran las instituciones supranacionales de la región.
