Por Pablo Moschen (*)
Desde hace unos meses, dirigentes de Cambiemos se han dado a criticar la política de defensa, dicen defender cuarteles en peligro y exigen partidas presupuestarias para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Llamativo resulta que quienes critican falta de partidas hayan rechazado el presupuesto que las contemplaba, y que lloran ahora lágrimas de cocodrilo por las FF.AA. pero las relegaron, desfinanciaron y desatendieron cuando fueron parte de su conducción y gobierno.
Personal
El gobierno del Frente de Todos ha corregido una distorsión de larga data en el salario militar. Generada en los años 90, un alto porcentaje de los ingresos tenía carácter no remunerativo, con lo que el personal sufría una merma importante en su haber al pasar a retiro. La persistencia de esa situación desfinanciaba la obra social (Iosfa) y el instituto de pensiones (IAF), y generó una importante masa de juicios contra el Estado que, por otra parte, complicaba la gestión para las FF.AA. por cuanto generaba embargos a las cuentas de su administración. Por decisión del presidente Fernández, esto fue corregido el 1 de octubre de 2020.
Esa separación, además de no tener una razón fundada, excluía al personal militar de que el aumento impactara en el medio aguinaldo de junio, lo que también fue corregido por este gobierno. En el último presupuesto aprobado por el Congreso, el de 2021, el Gobierno contempló partidas de $45.000 millones para afrontar aquellos juicios por salarios.
Esas decisiones, además de beneficiar al personal militar en forma mensual y directa, contribuyen a mejorar la economía del IAF y de Iosfa.
Cabe recordar la comprometida situación en que dejaron la obra social en diciembre de 2019, con una deuda de $2.000 millones, déficit mensual de $400 millones, prestaciones cortadas, alquileres innecesarios y pagos a sanatorios privados más altos que a la sanidad militar por las mismas prestaciones, combinación que parecía encaminarla a su futura privatización, conducida por un gerente de una empresa prepaga de salud.
Durante la gestión de Cambiemos, por otra parte, el IAF sufrió una quita de 10 puntos en el aporte estatal a su economía, situación que fue corregida por el gobierno actual.
Reconocimiento a los veteranos
En lo referido al reconocimiento a Veteranos de la Guerra de Malvinas, suman más de $326 millones lo pagado en el marco de la Ley 19.101. En cuanto a beneficios de pensiones según Ley 24.310, en 2019 se otorgaron 197, por $778 millones; en 2020 412, por $1.442 millones; en 2021 1.943, por $4.563 millones; y en lo que va de 2022 571, por $3.374 millones. Y en lo que hace a la Ley 22.674, en 2019 fue 0, en 2020 22 por $10 millones, en 2021 8 por $4 millones y en 2022 974 por $1.351 millones. A esto se suma la reciente inauguración del Centro de Atención de la Coordinación de Veteranos.
Ya antes de la supresión del servicio militar obligatorio, desde finales de los años 80 y por razones presupuestarias, la cantidad de soldados ha sido igual o menor a la de suboficiales (en el año 2019, para el Ejército, 6.500 oficiales, 19.000 suboficiales, 18.000 soldados). Anualmente hay unas 7.000 altas que compensan las bajas, por cumplir los 28 años y por otros motivos. Durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa, se puso en marcha un plan para completar la estructura de soldados voluntarios y llevarla, para el caso del Ejército, a 30.000. En lo que va de este año –en septiembre de 2022– y para el caso del Ejército, el número de soldados ya se ubica por encima de 26.000. El mayor en más de 30 años.
El Ejecutivo, en el Presupuesto para 2022 enviado al Congreso, dispuso partidas por $72.000 millones para las FF.AA., pero la oposición rechazó la “Ley de leyes”, dejando sin presupuesto al Gobierno y causando una merma de $15.000 en los fondos de las FF.AA. Fieles a su costumbre de gritar por un lado, como los teros, mientras esconden sus niditos por el otro, Cambiemos canceló en 2016 el contrato por el cual Invap y Fuerza Aérea desarrollaron el plan nacional de radarización. Ese plan, estratégico para la vigilancia de nuestros espacios soberanos, que se ha desarrollado con ciencia, tecnología, industria y trabajo argentinos, fue retomado en 2020 por el gobierno del Frente de Todos, y este año finalizará con nuevos radares primarios instalados en Mercedes, Tostado, Santiago del Estero y Río Grande.
(*) Licenciado en Ciencias Políticas.
