La reciente movilización de cerca de un millón de argentinos dejó, implícitamente, una inquietud valedera en cualquier latitud del orbe occidental: ¿le iría mejor a los machos alfa de la política si su dignidad personal fuese delegada a las versátiles organizaciones de lesbianas, gays, binaries, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer (Lgbtttiq+)?
Convocada tras el abominable discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos (homosexualidad=pedofilia), la “Marcha federal del orgullo antifascista y antirracista” alivió el asfixiante clima de anomia, atropellos, crueldad, limbo intelectual y la manipulación mediática de un gobierno votado democráticamente, pero que parece ajeno a todo lo humano.
Ahora bien. Como el tratamiento de lo general suele diluir lo particular, quisiera apuntar un hecho que tuvo lugar días antes del referido discurso de Milei y la marcha que lo repudió en este país, y varias ciudades de América Latina y Europa. Me refiero a la caravana por la libertad de Milagro Sala.
Hace nueve años Milagro Salas, la aguerrida dirigente social de la provincia de Jujuy, fue la primera gran víctima de un Poder Judicial que en lugar de dictar justicia, criminaliza los conflictos sociales aplicando castigos ejemplificadores (lawfare).
En franco contubernio con el exgobernador Gerardo Morales, Milagro Sala fue detenida a inicios del gobierno de Mauricio Macri y desde entonces fue sometida a un calvario amañado por fiscales, jueces y ex convictos a sueldo que, indistintamente, la acusaban de arrojar huevos contra las autoridades, robar expedientes judiciales, o acusarla del rechazo popular a la retrógrada reforma constitucional de la provincia.
Para la experta Gabriela Carpineti, el caso de Milagro es asunto federal, aun cuando los hechos se hayan tramitado en la justicia provincial, ya que lo que se impugna no son los hechos por los que se la juzga, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores.
Señalamiento en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tratado de San José de Costa Rica, 1979), que lleva años ordenando al Estado argentino adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
Sin embargo, la Corte Interamericana se expidió con respecto a la forma de la detención, y no a la condena, pues para ello se requiere de un informe que verifique que fueron violados sus derechos. Pretexto que esgrimió el ex presidente Alberto Fernández, puntilloso profesor de derecho constitucional (y acusado a su vez de golpear a su ex pareja), para negarle el indulto.
En diciembre de 2022, a causa de un nuevo episodio de trombosis, Milagro fue internada en el hospital regional. Pero allí sufrió el hostigamiento policial y presiones del personal sanitario. Pocos meses después muere su hijo Sergio (37 años) y poco después su esposo, quien se descompuso mientras la policía allanaba su domicilio. Los médicos pudieron ingresar a la casa, pero el Poder Judicial y la policía les impidieron salir del lugar.
Finalmente, todo tiene que ver con todo, ya que Elon Musk y el saqueo del litio jujeño sintoniza con el vertiginoso desguace del patrimonio estatal que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei, junto con los empresarios y legisladores que votaron a favor del Régimen de incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Por ejemplo, parte de los insumos productivos de Telsa (fábrica de baterías de Musk en Shanghái) llegan desde la Minera Exxar, ubicada en la cuenca jujeña de Salardes Olaroz y Cauchar.
Los hechos referidos cierran con el plan antigénero que ejecuta Milei, ajustado al llamado Proyecto 2025, un manual de estrategia elaborado para Donald Trump por la ultraconservadora Heritage Foundation.
Presa de tres gobiernos democráticos, Milagro cumple hoy 3.319 días de cautiverio, y se halla en prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, donde recibe atención médica. Pero sigue siendo la de siempre: mujer, indígena, irredenta, impulsora de una obra comunitaria que benefició a millares de pobres, parlamentaria electa del Mercosur, madre de 14 hijos (12 de la calle, adoptados).
Condenada por “instigación a cometer delitos” y “tumulto en concurso real”, fue detenida durante un acampe frente a la Casa de Gobierno en protesta por las medidas de Morales, quien cambió el sistema de inscripción de las cooperativas. Y aumentó el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, de cinco a nueve, y designó a dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación y a un tercero que también fue legislador de la UCR.
