Por Sergio A. Rossi (*)
Tras el discurso presidencial en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas empezó a circular un texto que se corporiza en distintos comunicados de dirigentes opositores, notas periodísticas, y hasta un editorial de La Nación del 5 de agosto: “Otro intento de violentar a las FFAA”.
Se invoca la opinión de auto percibidos expertos en defensa y se postula que se busca “chavizar” las FFAA argentinas para que sean soporte del gobierno, como en Venezuela; que el peronismo estigmatiza a los militares y los priva de medios y equipamiento; y que se pretende entregar a los amigos tierras que el estado tiene asignadas a uso militar. Poco parece importar que los tres objetivos luzcan contradictorios entre sí.
Menos asidero todavía tienen los dichos si se los coteja con los hechos. Los opinadores no parecen siquiera haber leído o incursionado en la materia que comentan.
“En opinión de numerosos especialistas de la oposición, el Gobierno persigue domesticar el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, vulnerando el sistema de calificaciones, mérito y mando jerárquico al habilitar la injerencia política del Ministerio de Defensa. Cuestiones técnicas y relacionadas con la carrera militar quedarían así supeditadas a la intervención arbitraria de la política partidaria en su propio beneficio y con riesgosos efectos para la sociedad.” (La Nación, 5 de agosto de 2023).
Disparate que no surge de ninguna parte, salvo sus calenturientas fantasías. Basta leer la ley vigente para apreciar que no se introducen modificaciones en cuanto a las competencias presidenciales y del Senado. El proyecto de nueva ley de personal militar busca actualizar la norma a la evolución de las pautas sociales y culturales de los últimos 70 años, adecuarla a los cambios legislativos de los últimos 40, y unificar la dispersión que por vía reglamentaria se fueron dando, de manera no congruente, cada una de las FFAA.
Sorprende además que critiquen delegaciones en la tramitación de ascensos y retiros de oficiales y suboficiales, siendo que ellos mismos las establecieron en el Decreto 721 del año 2016. Para apreciar el nivel de descuido, ignorancia, mala fe o hipocresía de esa cadena de producción y enunciación, basta con leer información pública y cotejarla: la ley vigente es la 19.101, el decreto que delegó funciones en 2016 es el 721, todo público y disponible en Infoleg. El mensaje del PEN es el 89/2023, y el Senado le asignó el número 112-PE-2023.
Reclamos y mentiras
Critican al gobierno porque -dicen- afirma que el proyecto de ley fue acordado con la oposición, que lo desmiente. En ninguna parte se dijo eso, aunque sí se reconoció el muy buen trabajo que durante más de un año se mantuvo entre representantes de oficialismo y oposición de las comisiones de defensa de las dos cámaras, personal militar y funcionarios ministeriales.
Trabajo que, como se expresó en los fundamentos del mensaje del PEN, recogió aportes de varias iniciativas anteriores, legislativas y en el Ministerio de Defensa, durante más de un gobierno, para modificar la ley y adecuar la reglamentación, que sin embargo nunca habían fructificado. Ese trabajo fue base para el proyecto enviado al Congreso, así como de otras iniciativas que diputados opositores presentaron. La redacción final será, como corresponde y si se aprueba, de los legisladores.
Por otra parte, afirman que: “… los gobiernos kirchneristas las han ido desactivado operativamente, atacándolas y llevando los salarios de sus miembros, en muchos casos, por debajo del nivel de subsistencia, estigmatizando su valiosa labor a partir de un sesgo claramente ideológico. El presupuesto operativo de las Fuerzas Armadas es históricamente el más bajo en términos reales. Los reiterados anuncios gubernamentales de adquisición de nuevo equipamiento son solo falsas promesas.”
Sin embargo, ha sido desde 2020 que se pasaron los suplementos no remunerativos al sueldo, corrigiendo un largo reclamo, mejorando la situación del personal retirado y las finanzas de la obra social y el instituto de pensiones. También se están pagando los juicios que ese reclamo había generado. Al mismo tiempo se unificó el incremento anual de la pauta salarial con la del resto del sector público, mejora que, además, impacta ahora en el medio aguinaldo de junio. A pesar de todo lo que dijeron en contrario, este gobierno ha establecido un plan de jerarquizar el salario militar por sobre el incremento del resto de la administración, plan que ya ha comenzado a ejecutarse, que ha pagado la mitad de las cuotas de aumento y que se completará a comienzos del año que viene.
(*) Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa.
