Por Andrés Asián
El ingeniero Alejandro Bunge (1880-1943) elaboró el concepto de “país abanico” a principios del siglo pasado para graficar las grandes desigualdades regionales de la patria. Ese abanico tenía por epicentro la ciudad puerto de Buenos Aires y sus alrededores, donde se concentraba la mayor parte de la población, así como los ingresos económicos, la infraestructura y las capacidades tecnológicas.
Luego le seguía un primer semicírculo de regiones con menor densidad poblacional y posesiones materiales y por último un nuevo semicírculo con las provincias más alejadas. Ese fuerte desequilibrio regional, característico de una economía que fue un enclave colonial en su origen, dando la espalda a sus grandes extensiones internas para amontonarse en la ciudad puerto desde donde salen las riquezas hacia las metrópolis globales, parece continuar sin fisuras hasta nuestros días.
Así lo muestra un reciente informe de la CEPAL que estudia la distribución provincial del valor agregado bruto –que representa la producción– de la Argentina desde 2004 hasta 2021. Allí se puede ver que la ciudad de Buenos Aires, que representa apenas el 0,01% del territorio (sin tomar Antártida e Islas del Sur) y donde habita el 7,2% de la población, concentró el 20% del valor generado en 2021.
Si le sumamos la provincia de Buenos Aires, que tiene el 635 de su población en el 0,13% del territorio que representa el conurbano bonaerense, el conjunto el área metropolitana da cuenta del 46% de la población y del 52% del valor agregado nacional.
Le siguen las provincias de Santa Fe y Córdoba, que explican el 5 y 6% del territorio nacional, respectivamente, concentran cada una aproximadamente el 8% de la población y representan un porcentaje similar del valor agregado nacional. En estos casos, se trataría de un ejemplo de distribución equilibrada entre territorio, población y nuestras capacidades económicas.
El resto de las provincias representan el 78% del territorio pero sólo concentran el 38% de la población y el 31% de la producción del país.
Del informe de la CEPAL también se desprende que las desigualdades regionales se han mantenido sin cambios significativos entre 2004 y 2021. Es decir, no pudieron ser modificadas significativamente durante el fuerte período de expansión económica con mejoras distributivas que lideró el kirchnerismo entre 2004 y 2011 ni tampoco sufrieron cambios de relevancia en la década de estancamiento que le prosiguió.
Esto no debe sorprender si se tiene en cuenta que las desigualdades regionales se mantuvieron ante cambios estructurales más relevantes, como la consolidación de un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones entre 1940 y 1975 o de un esquema de valorización financiera a partir de la última dictadura militar.
Las nuevas tecnologías del siglo XXI de trabajo deslocalizado brindan una oportunidad única para avanzar en su solución.
Casi 800.000 teletrabajadores
El desarrollo de las comunicaciones y la informatización de muchos procesos productivos, han roto la territorialización del trabajo. Muchos trabajadores pueden operar una máquina, atender un reclamo, redactar un informe, y hasta realizar una operación quirúrgica en un determinado lugar a través de una computadora o un celular, aun cuando se encuentren a cientos de kilómetros siempre que cuenten con una buena señal de internet. De esa manera, ya no hay necesidad de que el lugar de trabajo de la población coincida con el lugar donde el mismo brinda sus resultados productivos.
Esa posibilidad brinda una oportunidad única para reducir las desigualdades regionales ya que permitiría que un porcentaje importante de la población pueda seguir participando de la vida económica incluso cuando habite lejos de los grandes centros urbanos donde se concentra.
En el documento “Descentralización y Teletrabajo” publicado por el CESO tras el impulso que dio a esa modalidad laboral la pandemia en 2021, se estima que unos 775.925 trabajadores podrían optar por el teletrabajo ya en las actuales condiciones de desarrollo de sus actividades. También se indica que si sólo el 5% de esos trabajadores (38.000 teletrabajadores) se fueran a vivir lejos de las grandes urbes, impulsarían una demanda de viviendas y servicios asociados que forzaría una demanda adicional de 31.000 trabajadores en los lugares donde se radiquen.
La reubicación de la población no es un asunto puramente económico, ya que cuestiones culturales y familiares, entre otras, tienen también su peso. Sin embargo, una política de descentralización del Estado y de estímulos a la descentralización de la actividad privada podría dar los primeros pasos para revertir la concentración poblacional en las grandes ciudades y, con ello, las grandes desigualdades regionales.