Por Nicolás Sotomayor
Un avión biplano sobrevuela en una región chaqueña, arroja alimentos y caramelos, un grupo de indígenas se acerca a juntarlos y varios policías, militares y estancieros descargan más de 5.000 mil balas de fusil, a la vez que decapitan, mutilan y empalan. Más de 400 personas, entre niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos, son asesinados y enterrados en fosas comunes.
La matanza continúa en persecución para que no existan testigos inocentes.
Esa escena tan cruel sucedió el 19 de julio de 1924 en Argentina, más precisamente en Chaco, contra integrantes de los pueblos originarios Qom y Moqoit. La denominada “Masacre de Napalpí”, oculta y silenciada durante casi un siglo por el Estado, tendrá recién su primer juicio por la verdad el próximo 19 de abril con apenas una sobreviviente y sin responsables vivos.
Delitos de lesa humanidad
Después de tanto tiempo, ¿se puede juzgar como delito de lesa humanidad? La respuesta es afirmativa. “Los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad”, dijo la jueza Zunilda Niremperger, quien aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para llevar adelante la investigación en Resistencia.
Será el primer proceso por crímenes del Estado argentino contra la población indígena. El hecho ocurrió durante la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear y la gobernación en Chaco del interventor Fernando Centeno. Por entonces, aquella provincia se perfilaba como el primer productor nacional de algodón, con una superficie sembrada de 50.000 hectáreas.
En Napalpí, a 120 kilómetros de la capital chaqueña, la población era obligada a trabajar de la cosecha en condiciones de semiesclavitud, hasta que un día comenzaron a reclamar por una retribución justa debido a que apenas recibían algo de ropa y vales por comida. Las peticiones pusieron en aprietos a los empleadores sobre todo cuando los lugareños consiguieron la alternativa de trabajar en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy por una mejor paga.
Llegó la mañana del 19 de julio y se ejecutó una masacre planificada por el mandatario chaqueño y los colonos terratenientes. Alrededor de 130 policías y civiles dispararon durante 45 minutos sobre integrantes de comunidades originarias y también algunos cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. Muchos de los niños que escaparon terminaron reducidos a la servidumbre y sólo 15 adultos pudieron sobrevivir. De algunos de ellos, como en el caso de la centenaria Rosa Grillo, surgieron los testimonios decisivos para la investigación.
El Gobierno y los medios oficiales presentaron la matanza como una “sublevación” y un “enfrentamiento entre etnias”, según cuentan los historiadores. Aunque el uso del término sea posterior, sin dudas fue un genocidio (en pleno siglo XX) poco conocido dentro de la historia argentina.
Disputa del sentido
Son tiempos de un regreso explícito del negacionismo sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, ese antro que parecía haberse vencido culturalmente pero que encontró en el expresidente Mauricio Macri la representación para hablar sin ruborizarse de “guerra sucia”, de Teoría de los dos demonios y de poner en duda a los 30.000 desaparecidos. Son tiempos de elogios a la denominada “Conquista del Desierto”, una campaña militar que siempre fue objeto de debate —y aprobada por el relato oficial—, que ahora encuentra reivindicaciones anacrónicas en jóvenes libertarios con avatares de Julio Argentino Roca.
Es probable que ya nada le otorgue justicia a tantos damnificados y herederos de la comunidad Qom y Moqoit. Pero el sentido común de la sociedad argentina es una arena de disputa constante y obtener la verdad de lo acontecido tiene un poderoso valor simbólico, histórico y social. La “Masacre de Napalpí” merece un juicio de lesa humanidad, pero que sea en paralelo a una condena social que trascienda los límites de Chaco, que logre un espacio entre los hechos históricos abordados en las escuelas y que de una vez por todas concrete un reconocimiento a los pueblos originarios, que también levantan la bandera del “Nunca Más”.
