Por Carlos Heller
El jueves por la noche el Senado sancionó la ley por la cual a partir de 2024 la gran mayoría de los trabajadores no pagarán el Impuesto a las Ganancias por el trabajo en relación de dependencia. La medida beneficia a unas 800.000 personas.
En paralelo se crea un impuesto cedular para los mayores ingresos, quienes ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Ese monto funcionará como base imponible y tendrán alícuotas que van del 27 al 35%.
El último miércoles se reunió el Consejo del SMVM y definió que para octubre el monto será de unos $13.000, $146.000 para noviembre y $156.000 para diciembre. Estas modificaciones no sólo sirven para el cálculo de la base imponible de Ganancias. También impactan en las prestaciones por desempleo y en las jubilaciones. Cerca de un millón y medio de personas jubiladas y pensionadas con al menos 30 años de aportes efectivos, dado que la ley establece que en este caso el haber debe alcanzar el 82% del salario mínimo, cobrarán un adicional en octubre y noviembre, hasta que se fije el nuevo haber jubilatorio mínimo para diciembre.
Desde la oposición cuestionaron el proyecto con los mismos argumentos utilizados para desmerecer cada una de las iniciativas que ha adoptado el gobierno luego de la devaluación. Uno de ellos es el supuesto “electoralismo”, con el que se quiere decir que en época de elecciones no se puede adoptar medidas favorables para la ciudadanía, menos cuando producto de la devaluación que pidió el Fondo se produjo un fuerte golpe en el bolsillo que es preciso compensar. En cuanto al argumento del supuesto incremento del déficit fiscal, si es algo que tanta preocupación les genera, podrían acompañar las varias iniciativas que apuntan a incrementar de manera progresiva los ingresos tributarios del Estado nacional.
Alquileres
En su tratamiento en el Senado de la Nación, el proyecto de ley de Alquileres resultó aprobado con modificaciones y, por lo tanto, volverá para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Entre los cambios fundamentales, se mantiene el plazo (actualmente vigente) de tres años en los contratos; se establece que los aumentos sean semestrales; y se fija un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Se mantuvo sin cambios la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
El texto aprobado fue el Dictamen de Mayoría del oficialismo del Senado, ya que la coalición de Juntos por el Cambio quería mantener la media sanción de Diputados, que preveía que los contratos vuelvan a dos años, actualizaciones cada cuatro meses y un menú de tres índices para establecer los aumentos, a acordar entre las partes.
Puja por el modelo
A través de su vocera, el FMI expresó su posición en cuanto a las medidas del gobierno: “Estamos trabajando para comprender y evaluar mejor las medidas recientes y la necesidad de acciones de compensación que se puedan tomar para salvaguardar la estabilidad y los objetivos del programa, sin sumar vulnerabilidades”.
No hay que perder de vista que el organismo pedía una suba del tipo de cambio cercana al 100%, y que el gobierno tuvo que negociar con firmeza y consiguió que fuera del 21,8%. No hace falta mucho ingenio para proyectar qué hubiera ocurrido con la inflación si se hubieran aceptado los condicionamientos sin discutirlos.
Está claro que es fundamental crecer y sacarnos de encima al FMI, para poder avanzar con políticas soberanas que beneficien a los argentinos. Muchas de las condiciones para que en 2024 se empiecen a ver las mejoras ya están dadas. Un gran hecho a favor es que no estaría la sequía, y que también se empezarán a recibir los beneficios de las inversiones de Vaca Muerta y los gasoductos. Ello permitirá reforzar el frente de las divisas, reducirá la incertidumbre cambiaria y llevará a contar con más dólares para la producción y el empleo.
Frente a los antagonismos que algunos candidatos tratan de fomenta, en tres semanas, como dijo Massa, “se define si decidimos ser un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado”.