Por Carlos Heller
Esta semana se conoció el IPC de enero: 3,9% de variación mensual. No hace falta ser un especialista para saber que la inflación es uno de los temas más recurrentes y estructurales de nuestro país. No obstante, resulta interesante analizar algunos aspectos de la coyuntura actual.
Al interior de las subdivisiones que componen el índice de precios, el sector que más creció en el primer mes del año fue “Comunicaciones” (7,5%). No obstante, esos incrementos están judicializados. Sucede que en agosto de 2020 el Presidente Alberto Fernández estableció por decreto que las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos esenciales, quedando sus precios regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Acto seguido, la justicia falló a favor de las empresas que presentaron medidas cautelares contra el decreto presidencial. El gobierno sigue apelando dichas medidas.
Alimentos y bebidas
Merece especial atención el segmento de “Alimentos y Bebidas”. Con un crecimiento mensual del 4,9%, también por encima del promedio.
El alza de los precios es un tema que preocupa al gobierno nacional: “La lucha contra la inflación es uno de los ejes de este gobierno” señaló Gabriela Cerruti el jueves pasado y agregó “entendemos que es el mayor problema que enfrentan las argentinas y argentinos”.
Esta tarea no es reciente, los programas de “Precios cuidados”, los congelamientos de tarifas de servicios públicos y alquileres durante la pandemia, las regulaciones a las exportaciones de carne vacuna, entre otras, son muestras de la postura del gobierno del Frente de Todos acerca de la multicausalidad de la inflación y de las consecuentes herramientas necesarias para morigerarla.
A ellas se sumaron en estos días varias iniciativas, cuyo punto de conexión está dado por el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los internos en el marco de la dinámica mundial alcista en los valores de las materias primas, un tema en el que personalmente he venido insistiendo en diversos ámbitos.
En particular, con respecto a las verduras y hortalizas, con precios que son muy volátiles, la Secretaría de Comercio Interior, junto al Mercado Central, estudian la creación de una sociedad del Estado, que buscará comprarle producción a pequeños productores para ampliar y desconcentrar la oferta en el mercado, y de esa forma incidir a la baja en los precios que pagan los consumidores finales.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa la creación de fideicomisos en sectores clave como el aceitero y el de trigo y maíz con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites. Un sistema similar se está discutiendo en el sector del trigo y del maíz. Sólo para citar un ejemplo, según recientes declaraciones de la Federación Industrial Panaderil de Buenos Aires, los insumos para el pan fueron los que más aumentaron en los 10 últimos días: la levadura aumentó un 35% y el azúcar un 33%.
Negociación con el FMI
Lo he dicho en más de una oportunidad: no hay nada que festejar por el acuerdo con el FMI, pero alcanzar el mismo resulta necesario. De hecho, las percepciones de que se está cerca del arreglo se reflejan en la mejora de los precios de los títulos públicos, la reducción de los valores del “dólar bolsa” o contado con liqui” que son precios implícitos en estos contratos, y que tienen un impacto en las expectativas económicas y, por ende, en la inflación. Estos nuevos valores, junto con la política cambiaria del BCRA, ayudan a tranquilizar la economía.
Una definición interesante es la que ha expresado el ministro Guzmán en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, al sostener que “Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales” dado que “perjudica los procesos de desarrollo económico y social”. Un tema para prestar especial atención, dado que este combate a la evasión y elusión es esencial para mejorar las cuentas fiscales de nuestro país por la vía de la mayor recaudación, que permitiría disminuir el déficit fiscal conjuntamente con una mejora del gasto público en términos reales. Es parte de la batalla para poder cumplir con los acuerdos a los que se está arribando con el Fondo sin tener que ajustar los gastos, cuestión que de por sí está contemplada en el entendimiento que se dio a conocer a fines del mes pasado.