Por Andrés Asiain
La sequía, los pagos netos al FMI, los mayores vencimientos por la deuda reestructurada y la dolarización típica de un año electoral son los factores que pondrán mayor presión sobre las reservas.
A partir de abril, las exportaciones del complejo sojero entrarán demoradas, puesto que la sequía demoró considerablemente la siembra. El segundo trimestre será clave porque es en el que la Argentina debería acumular U$S 3.100 millones de reservas netas para cumplir la meta establecida para fines de junio. Además, esa revisión será la última relevante para el Gobierno dado que implicará el desembolso del acuerdo previsto para septiembre. Las metas establecidas para fines de septiembre son menos relevantes porque ese desembolso ya cae en diciembre de 2023, con un nuevo gobierno resultante de las elecciones.
Prepararse para el invierno
Una vez cerrada la meta de junio, la primera semana de julio hay un nuevo vencimiento de deuda con tenedores privados por U$S 1.000 M. Si logró acumularse suficientes reservas en el segundo trimestre, esto puede afrontarse con relativa normalidad. En caso contrario, si llega contra las cuerdas, este vencimiento puede sumar tensión al frente cambiario ya que debilitaría la capacidad del Gobierno para frenar corridas electorales.
El Gobierno todavía tiene que seguir implementando medidas para afrontar un deterioro en las cuentas externas de U$S 9.000 M respecto del año pasado. La sequía tendrá un impacto que por el momento se estima en U$S 10.000 M que sería parcialmente compensado por mayores exportaciones de otros rubros, principalmente energía y minería que viene mostrando un crecimiento importante respecto de 2021 pero todavía en volúmenes chicos. Para balancear, también serán menores las importaciones, tanto por energía como por otros rubros asociados a la actividad económica. La quita de subsidios en sectores de mayores ingresos y comercios impactará en una menor demanda que también ayudará a reducir importaciones.
La misma sequía requerirá menos combustible para mover la cosecha. La normalización de las cadenas globales de valor y un resultado algo menos perjudicial por el lado del turismo se espera que contribuya a mejorar considerablemente la cuenta de servicios en 2023, que también estuvo muy afectada por los altos costos del combustible tras iniciarse la guerra en Ucrania.
La cuenta de intereses incrementará su déficit producto de los vencimientos de la deuda reestructurada que paulatinamente comienzan a incrementarse año a año. La suba de tasas internacionales también seguirá impactando. Sólo con el FMI, por la magnitud de la deuda, deberemos destinar U$S 1.000 M adicionales en 2023 por la suba de tasas.
Como dijimos, los vencimientos serán mayores a los desembolsos del Fondo en 2023, por eso pasará de un resultado positivo por U$S 6.867 M en 2022 a un resultado negativo por U$S 1.700 M este año.
Los organismos internacionales (OO.II.) podrán sumar algún aporte extra este año, pero también debe considerarse que hay vencimientos con estos organismos. Un resultado neto de U$S 2.000 M ya es bastante optimista.
La suerte de una buena carta
La última carta que tiene el Gobierno para sumar dólares a la cuenta de 2023 es la licitación del 5G que podría implicar un desembolso por única vez en torno a los U$S 1.000 M. La expectativa del Gobierno llega a los U$S 1.500, mientras que las empresas plantean que no podrían superar los U$S 500 M.
En resumen, el Gobierno tendrá un rojo como punto de partida de U$S 9.000 M que deberá cubrir con distintas estrategias. Los acuerdos bilaterales vienen siendo la principal solución, tanto con China como con Brasil. La idea de ambos acuerdos es poder prescindir de los dólares para los pagos de las importaciones desde estos países. De esa manera se evita que salgan los dólares al mismo tiempo que ingresan los bienes, de manera que la actividad no necesita frenarse abruptamente para conseguir un saldo positivo de dólares. Con estos dos acuerdos se cubriría gran parte de ese agujero ya que suman U$S 5.000 M y U$S 2.000 M cada uno. Otra alternativa, que fue clave en 2022, es la deuda comercial de las empresas, sobre todo la que es intra-firma. Esta fuente de financiamiento implicó que se puedan recibir bienes por U$S 7.000 M en 2022 sin que salgan esos dólares. Se trata de deuda de corto plazo, en torno al año de vencimiento. Este 2023 deberá renovarse esa deuda y ampliarse unos U$S 2.000 M adicionales si no se quiere afectar más la actividad en el año electoral.
