Por Carlos Heller
Los primeros días de gobierno de Javier Milei dejaron en claro los objetivos en materia económica y social de las nuevas autoridades. Si bien recién comienza la gestión, ya pueden esbozarse algunas reflexiones en relación con los anuncios. Amparándose en la legitimidad que les dio la mayoría electoral en las pasadas elecciones, las nuevas iniciativas tienen como principal objetivo, y los funcionarios se encargan de decirlo, la reducción del déficit fiscal, básicamente a través de un profundo ajuste del gasto público. Supuestamente el ajuste lo iba a pagar la “casta política”, pero lo pagará toda la ciudadanía, a contramano del discurso de campaña.
El recorte de los “gastos de funcionamiento” se expresa en la reducción de los ministerios (de 18 a 9) y de las secretarías (de 106 a 54), en la reducción del empleo público, y en la suspensión de la pauta publicitaria. Sin embargo, ese ajuste apenas representa el 0,5% del PBI, bien lejos de los 5,2 puntos de reducción del déficit que anunció el ministro de Economía como objetivo.
Golpe a las PyMEs
Es por ello que las medidas no terminan ahí. Según las estimaciones del gobierno, el gasto en haberes jubilatorios se reducirá 0,4 puntos del PIB, los subsidios al transporte y la energía 0,7 puntos, y las transferencias corrientes a las provincias 0,5 puntos, lo que implica casi una eliminación de las mismas. Las partidas destinadas a los programas sociales caerán 0,4 puntos, se paralizará la obra pública y se cancelarán las licitaciones (implica una baja de 0,7 puntos del PBI). Esto último será un golpe muy duro para las empresas constructoras, en especial las PyMEs, y sus trabajadores.
De manera adicional, se calcula que de conseguirse la reversión de la reforma del Impuesto a las Ganancias se conseguirían 0,4 puntos adicionales. En una semana se devaluó el tipo de cambio oficial en más de un 100%, situación que ya está generando una fuerte aceleración de la inflación. El valor del combustible acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne también sufrió un incremento de alrededor del 38% en promedio, según los distintos cortes, en el mismo periodo. Esta situación “hiperinflacionaria”, como la denomina el gobierno, es su responsabilidad y no del gobierno anterior.
Consuma el que pueda
La total desregulación de los precios impacta en los bienes de primera necesidad y los insumos básicos para la industria y los servicios. La intención de derogar la Ley de Abastecimiento va en línea con estas políticas y liberar las “manos del mercado”.
Al ser consultada acerca de los efectos de esta situación en el poder adquisitivo de la población, la canciller Diana Mondino respondió: “Nosotros no podemos determinar los precios desde el gobierno. Si no tienen plata en el bolsillo los consumidores no van a comprar cosas muy caras”. Más claro imposible: libre mercado en su máxima expresión. Consume el que puede pagar.
Este plan de ajuste recaerá principalmente en los ingresos de los trabajadores y los jubilados. El previsible aumento del desempleo a su vez hará mella en la lógica del círculo virtuoso de la economía, en el que los consumos público y privado constituyen los motores que la hacen funcionar. Eso a su vez impactará en los ingresos fiscales. ¿Cuánto ajuste adicional deberán anunciar para lograr su meta?
La postura sesgada
Pero, a diferencia de lo que intentan transmitir este no es el único camino posible.
La aparente aceptación y la celeridad con las que el Fondo Monetario respondió a las políticas impulsadas por el gobierno de Milei: “el personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo”, señaló el portavoz del organismo. “Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar las finanzas públicas (…) Tras los graves reveses en política económica de los últimos meses, este nuevo paquete de medidas constituye una buena base para proseguir las discusiones encaminadas a reconducir el actual programa respaldado por el Fondo”.
Esto contrasta con lo que el FMI comunicaba en agosto pasado cuando hacía referencia a un “desvío de políticas” y concluía, a modo de recomendación, que “sigue siendo imperativo ejecutar el programa con determinación, formular políticas de forma ágil y es posible que sea necesario aplicar otras medidas para salvaguardar la estabilidad”.
No hace falta agregar demasiado. El proyecto de país de La Libertad Avanza no es inexorable y la disputa alrededor de los dos modelos sigue más vigente que nunca.
