El concejal Hermes Roy Liberman advirtió sobre irregularidades, falta de explicaciones formales y posibles responsabilidades patrimoniales tras el episodio ocurrido en Brasil con un vehículo municipal.
Por: Matías Dalmazzo
El concejal Hermes Roy Liberman criticó con firmeza al intendente de Colón, José Luis Walser, por la manera en que se abordó la situación generada a partir del accidente automovilístico que protagonizó en Brasil el 9 de diciembre pasado, mientras se trasladaba junto a su familia en un vehículo de la Municipalidad. El episodio sigue instalado en la agenda pública provincial y regional, y generó cuestionamientos sobre el uso de bienes del Estado fuera de los fines oficiales.
Durante una entrevista con La Calle, Liberman señaló que las explicaciones brindadas por Walser y su equipo no despejaron las dudas sobre el carácter real del viaje ni sobre la cobertura del seguro del auto municipal, y que persisten interrogantes sobre la transparencia y responsabilidad en la gestión.
¿Cómo evaluás el comportamiento del intendente José Luis Walser después del accidente en Brasil, ya con el tema instalado en la agenda pública?
–Hoy el comportamiento del Intendente deja una sensación preocupante de ligereza frente a hechos que, por su naturaleza, exigen máxima prudencia y responsabilidad institucional. No es un episodio estrictamente personal, sino de una situación que involucró bienes públicos, decisiones administrativas y el ejercicio mismo del cargo. Lo que se observa es un intento de normalizar hechos objetivamente irregulares mediante un relato posterior, sin asumir que cuando se administra el Estado no alcanza con explicaciones informales o apelaciones emocionales.
La función pública impone un estándar de conducta mucho más alto, y ese estándar, a mi criterio, no fue respetado. Más que una actitud de resguardo institucional, lo que se percibe es una subestimación del impacto jurídico, político y administrativo de lo ocurrido, como si bastara con dar por cerrado el tema sin rendir cuentas formales. Eso no solo es impropio del cargo, sino que erosiona la confianza pública.
El problema no es el accidente, que claramente merece empatía humana. El problema es cómo se gestionó el antes y el después desde el rol de Intendente, y ahí es donde aparece una conducta liviana frente a obligaciones que son estrictamente públicas y no optativas.
-¿Creés que el intendente dio todas las explicaciones que debía o sentís que todavía hay puntos oscuros sobre ese viaje y el uso del vehículo oficial?
–Claramente no. Las explicaciones que brindó el Intendente, tanto en la conferencia de prensa como en los informes posteriores, no solo no despejaron las dudas existentes, sino que en muchos aspectos, abrieron nuevas zonas de incertidumbre que antes no estaban sobre la mesa. Lejos de aclarar los hechos, lo que se observa es un relato incompleto, fragmentado y evasivo, que evita responder las cuestiones centrales, como el carácter real del viaje, el uso del vehículo oficial y la confusión deliberada entre una supuesta actividad institucional y un beneficio estrictamente personal.
Eso es lo que hoy mantiene a la sociedad en un estado de indignación creciente, porque hay una percepción muy fuerte de que existe una impunidad estructural de la clase política, y de que el solo hecho de ocupar un cargo público habilitaría a eludir responsabilidades.
Ahora bien, respetar los tiempos no significa mirar para otro lado. Este tema está lejos de cerrarse, y sin lugar a dudas vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca completamente y se determinen las responsabilidades que correspondan.
-Ustedes impulsaron un pedido de informes desde el Concejo Deliberante. ¿Qué respuestas concretas esperan recibir del Ejecutivo municipal?
– El pedido de informes apunta al núcleo de la posible responsabilidad del Intendente, que es el uso de un bien público, en este caso un vehículo oficial, fuera de los fines que le son propios. Necesitamos saber qué cobertura de seguro tenía al momento del viaje, si esa cobertura responde ante un siniestro ocurrido en el exterior y en un contexto no estrictamente oficial, y quién asumiría la responsabilidad patrimonial en caso de que el seguro no lo reconozca. Ese dato es central para dimensionar el riesgo al que se expuso el patrimonio de los vecinos.
También solicitamos información clara y documentada sobre el estado actual del vehículo, los daños sufridos, las reparaciones realizadas o pendientes y su lugar de resguardo. No estamos pidiendo relatos personales ni apelaciones emocionales, sino hechos concretos y verificables. Desde el Concejo Deliberante ejercemos una función de contralor del Ejecutivo, porque lo que está en discusión es la correcta administración de bienes públicos y la eventual responsabilidad política y patrimonial que de ello pueda derivarse.
-En términos políticos, ¿cómo creés que este episodio afecta la credibilidad del intendente y de la gestión municipal ante los vecinos de Colón?
–En términos políticos, este episodio termina de profundizar una crisis de credibilidad que ya venía en caída, y lo hace de una manera particularmente grave porque contradice de forma directa los pilares discursivos con los que esta gestión llegó al poder. El primer punto es ineludible, la transparencia fue presentada como el gran estandarte de campaña. Sin embargo, en la práctica, hoy estamos frente a una de las gestiones más herméticas que ha tenido la ciudad de Colón, con respuestas parciales, tardías o directamente evasivas frente a hechos que requieren explicaciones claras y objetivas. Esa contradicción entre el discurso y la conducta erosiona cualquier capital político.
En segundo lugar, hay un componente de coherencia política que no puede soslayarse. El Intendente fue particularmente crítico del nepotismo de la gestión anterior, y sin embargo, una de las primeras decisiones que adopta al asumir es designar a su esposa como secretaria privada de la Intendencia. Ese antecedente no es menor, porque instala una lógica de doble vara que hoy vuelve a aparecer con fuerza en este episodio.
Por todo esto, la credibilidad del Intendente hoy es muy baja, si es que todavía subsiste. Y no lo digo desde una mirada partidaria, sino desde la percepción concreta de muchos vecinos que sienten que se les prometió una forma distinta de gobernar y se encontraron, lamentablemente, con prácticas que se parecen demasiado a las que se decían venir a cambiar. Tal vez esto ayude a explicar por qué, más allá de los sellos electorales, las conductas políticas se repiten. El Intendente Walser, al igual que su antecesor, tuvo sus comienzos militando en el peronismo, y eso parece reflejarse más en los hechos que en los discursos. Una Colón distinta, es imposible con los mismos de siempre, aunque se presenten bajo nombres vecinalistas.
-El intendente retomó una agenda activa de actos públicos y actividades oficiales en las últimas semanas. ¿Creés que esa exposición ayuda a cerrar el tema o, por el contrario, lo profundiza?
–Cuando existe un descontento social tan marcado, ese malestar no se tapa con actos, agendas cargadas ni exposiciones públicas. El pueblo es sabio y no olvida, puede tolerar errores, pero no la falta de explicaciones ni los intentos de encubrimiento. Por eso, lejos de cerrar el tema, este tipo de exposiciones lo profundizan, porque son percibidas como un acto político destinado a desviar la atención de un problema grave que aún no fue aclarado.
No hay acción alguna ni intento desesperado que logre tapar lo esencial, el hecho lo generó quien hoy pretende darlo por superado, y la responsabilidad es exclusivamente del Intendente. Pretender resolverlo con sobreexposición pública, sin antes rendir cuentas de manera seria y objetiva, no solo no ayuda, sino que agrava la situación. Y sin lugar a dudas, estas conductas, tarde o temprano, se reflejan en las urnas.
-Si se confirma que el IAPSER no cubre el siniestro por el uso indebido del vehículo oficial y que el intendente debería responder con su patrimonio por más de 55 millones de pesos, ¿ustedes van a exigir responsabilidades políticas y judiciales concretas contra José Luis Walser?
–Efectivamente, ese es uno de los factores centrales que estamos esperando esclarecer para definir el avance de nuestras acciones. La cuestión de la cobertura del IAPSER no es un dato accesorio, es determinante para establecer la magnitud de la responsabilidad que podría recaer sobre el Intendente.
Si se confirmara que el IAPSER no cubre el siniestro por tratarse de un uso indebido del vehículo oficial, eso implicaría que el daño patrimonial recaería directamente sobre el Estado municipal, o que debería ser afrontado con el patrimonio personal de quien tomó la decisión de utilizar ese bien fuera de su finalidad. Ese escenario refuerza de manera contundente la necesidad de una presentación ante la Fiscalía de la ciudad de Colón, para que se investigue penalmente lo ocurrido.
En ese caso, no estaríamos hablando solo de responsabilidades políticas, sino de responsabilidades judiciales concretas, y ese es el ámbito donde corresponde que se determine si existió o no un delito, seriamos el único espacio en hacerlo. Precisamente por eso estamos siendo prudentes pero firmes, aguardamos la información oficial, pero si esa información confirma que no hubo cobertura y que el perjuicio supera cifras tan significativas, el paso a la Justicia penal es inevitable.
Nosotros no vamos a mirar para otro lado ni a conformarnos con instancias administrativas. Cuando hay bienes públicos comprometidos y un posible daño millonario al patrimonio de los vecinos, el camino es claro, Fiscalía, investigación y responsabilidades, sin privilegios y sin excepciones, porque en esta nueva Argentina el que las hace, las paga.
