El intendente de Colón, José Luis Walser, utilizó una camioneta Mitsubishi Dakar de la municipalidad para un viaje de vacaciones familiares a Brasil que terminó en un grave accidente, y ahora enfrenta una investigación penal por peculado y un sumario del Tribunal de Cuentas que podría inhabilitarlo de por vida.
El siniestro ocurrió el 9 de diciembre de 2025 en una ruta brasileña bajo intensas lluvias. Walser conducía el vehículo oficial —una Mitsubishi Dakar de siete asientos propiedad del municipio— cuando perdió el control, despistó y volcó por un barranco. En el rodado viajaban su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, y sus hijos menores. Bordet sufrió múltiples traumatismos, perforación pulmonar, fractura de pelvis y debió permanecer casi un mes en terapia intensiva en el Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, con asistencia respiratoria mecánica y un período de coma inducido. Una de las hijas del matrimonio también sufrió fracturas que requirieron cirugía.
Un viaje oficial que terminó en la playa
Walser intentó justificar el periplo alegando que combinaba una actividad institucional con días de descanso familiar. Según su versión, había sido invitado por el prefecto de Barra do Quaraí, Jaber Maher, a la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, prevista para el 10 de diciembre en Porto Alegre. Sin embargo, el intendente ingresó a Brasil el 9 de diciembre por el Paso de los Libres y se dirigía a la ciudad balnearia de Torres —un destino turístico— cuando ocurrió el accidente.
En una conferencia de prensa brindada el 13 de enero en el Concejo Deliberante, el propio Walser admitió sin reservas: «Efectivamente, dicho viaje era una combinación entre oficial y descanso familiar y por dicha razón hice uso de uno de los vehículos municipales». Con esa confesión pública, el intendente selló su suerte administrativa: el Tribunal de Cuentas de la provincia tomó esas mismas palabras como punto de partida para investigarlo por el presunto uso irregular de bienes públicos.
La doble investigación que asfixia al intendente
El caso activó dos frentes simultáneos. Por un lado, la Unidad Fiscal Nº 2 de Colón, a cargo del fiscal Leandro Perroud, abrió una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el presunto delito de peculado, tras una denuncia presentada por los concejales peronistas Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (bloque «17 de Octubre») ante la Fiscalía Anticorrupción de Paraná. La fiscalía ya ordenó medidas probatorias que incluyen la recopilación de documentación administrativa, informes migratorios del Paso de los Libres, antecedentes registrales del rodado y constancias del siniestro ocurrido en territorio brasileño.
Además, la causa penal alcanza al funcionario Mariano Bravo —quien estaba a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos— por posibles maniobras de encubrimiento.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició actuaciones para determinar las responsabilidades administrativas de Walser y de su esposa Gimena Bordet, quien también es funcionaria municipal como secretaria privada. El organismo envió oficios a la municipalidad y al Concejo Deliberante solicitando documentación clave: la titularidad del vehículo, las actuaciones administrativas que respaldaron el viaje, la existencia de viáticos percibidos, el detalle de los daños ocasionados y la póliza de seguro vigente.
El agravante que puede costarle caro al municipio
Un punto crítico que los investigadores buscan esclarecer es si el seguro del IAPSER cubre siniestros ocurridos en el extranjero con ocupantes ajenos a la función pública. La presunción inicial es que la póliza no respondería por la destrucción total del vehículo al no haber participado terceros en el accidente, lo que dejaría al municipio con un perjuicio patrimonial millonario que deberá ser afrontado con fondos públicos.
Los concejales denunciantes fueron contundentes al señalar que el vehículo oficial «fue desviado de su función legal con fines estrictamente privados y vacacionales, ocasionando daños de magnitud al vehículo oficial, configurando un perjuicio patrimonial concreto al municipio que debe ser determinado y resarcido».
Un intendente que mezcló lo público con lo privado y ahora arrastra a todo su entorno
Walser afirmó que «el 100% de los gastos fueron absorbidos por mis ingresos personales y los ahorros familiares» y que no se utilizaron viáticos ni recursos municipales. Pero ese argumento no exime la responsabilidad principal: el uso de un bien del Estado para fines particulares. El intendente reconoció un «error» al mezclar su descanso familiar con «el uso de herramientas de todos los colonenses», pero los concejales opositores fueron lapidarios: «El respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal».
El escándalo ya provocó fisuras en el oficialismo local: los dos concejales radicales del bloque Juntos por Colón abandonaron el espacio en las últimas horas, en lo que se interpreta como un intento de despegarse del proceso judicial que atraviesa el intendente y su entorno más cercano.
Según fuentes judiciales citadas por medios provinciales, el avance del expediente encamina a Walser hacia una posible condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que marcaría el fin anticipado de su gestión y un duro golpe para la alianza PRO-Libertarios en la Costa del Uruguay.
El caso expone la liviandad con la que un intendente dispuso de un vehículo pagado por todos los vecinos de Colón para trasladar a su familia a un destino turístico brasileño. La negligencia no solo destruyó un bien público, sino que puso en riesgo la vida de su esposa e hijos en un siniestro que pudo evitarse si el funcionario hubiera respetado la frontera elemental entre lo público y lo privado.
