El épico “regreso” a los mercados internacionales de deuda que festejó el Gobierno tuvo gusto a poco. La tasa se ubicó por encima del 9%, muy lejos del 6,5% que Caputo había anunciado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aspiraba a juntar un mínimo de US$2.000 millones, casi la mitad de los vencimientos que deberá afrontar en enero.
La emisión se promocionó como el histórico retorno de Argentina a los mercados voluntarios de deuda. Excepto que no ocurrió. El papel quedó en manos domésticas: bancos y aseguradoras que entregaron sus argendólares.
La operatoria tuvo tres patas. La primera fue la habilitación explícita a aseguradoras para que subieran ofertas con dólares propios. El Ejecutivo autorizó mecanismos para que esas entidades usaran recursos que, en muchos casos, provienen de emisiones corporativas recientes; la puerta quedó abierta para que los dólares “saltaran” dentro del sistema financiero y se transformaran en demanda del bono.
Desde el resultado electoral, empresas argentinas aprovechando el rebote de confianza levantaron más de US$3.000 millones en emisiones en el exterior. Esos dólares entraron al circuito financiero y alimentaron la oferta que, en parte, terminó siendo reutilizada en la colocación del Tesoro. No fue una llegada orgánica de inversión externa, fue una reconfiguración del flujo entre corporaciones, bancos y aseguradoras
Además, a las compañías de seguro y las ART les ofreció poner en caución los bonos que les encajó el ex ministro de Alberto Fernández, Martín Guzmán. De esta manera podrían mejorar el rendimiento de su anterior instrumento.
La segunda pata fue la liberalización parcial de ciertas restricciones cambiarias cruzadas. Al eliminar trabas que condicionaban el acceso al dólar oficial cuando se compraban dólares financieros, el Gobierno amplió la posibilidad de que personas y bancos operen en el mercado secundario de esos bonos sin tope administrativo. Es decir: más profundidad para el secundario, con el efecto práctico de facilitar ventas entre actores locales.
La tercera fue la promesa a los bancos de bajar los encajes a cambio que compraran el bono.
Hay un dato que explica por qué pese a todos estos incentivos, la tasa fue tan alta: el bono salió bajo legislación local. Ese detalle no es cosmético. Para un inversor, la ley local implica riesgos adicionales y, por eso, exige un premio mayor. Es la razón por la que una comparación simple entre cupones nominales puede resultar engañosa.
Espejos incómodos
En la narrativa oficial el cupón anunciado fue del 6,5% y la promesa pública fue “menos del 9%”, tal como afirmó Toto Caputo justo un día antes, cuando empezó a acomodar el discurso. En la práctica, el rendimiento efectivo y la tasa de corte quedaron en niveles distintos y eso alimentó las críticas en la plaza. Analistas como Christian Buteler advirtieron que la lectura optimista del Gobierno no se condice con el costo real del endeudamiento y con la fragilidad de las reservas.
El resultado fue una emisión costosa, que luce más como un manotazo de liquidez que como un gesto de confianza del mercado. La señal es clara: mientras provincias y empresas logran financiamiento más barato y a plazos largos, la Nación paga caro y a corto plazo por un crédito doméstico pretenciosamente calificado de “histórico” por la administración libertaria.
Hace apenas una semana, la provincia de Santa Fe colocó US$800 millones a nueve años con una tasa del 8,3%, y en noviembre la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio por US$600 millones a siete años, al 7,8%. En cambio, el Tesoro nacional sólo logró colocar US$1.000 millones a cuatro años y pagó 9,26%.
El otro espejo incómodo es el Bonte 2030. Hace seis meses el Gobierno lanzó aquel instrumento que, como en este caso, se suscribía en dólares. Incluso consiguió cifras más favorables para el Tesoro que la actual. En aquella oportunidad se consiguieron US$850 millones a pagar en pesos en tres años con una tasa del 29% anual.
