La denuncia fue formulada por el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Será investigada por el magistrado Ernesto Kreplak.
El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura. La comitiva estuvo integrada por el paranaense Beltrán Benedit y sus colegas de bancada, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Tras conocerse la noticia, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, quedó envuelto en un sinfín de excusas para explicar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas. Oficios en los que no nombraban a los legisladores oficialistas que tomaron café con leche con Alfredo Astiz; respuestas en las que tenían a diputados que no habían entrado a la cárcel de Ezeiza y nombres que aparecían a cuentagotas. Toda una comedia de enredos que terminó con una denuncia penal que formuló el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, y remitió para que la investigue la justicia de Lomas de Zamora.
Los pedidos de explicaciones de los tribunales federales se iniciaron en plena feria judicial, cuando el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.
Bullrich salió a respaldar a los diputados y a atacar a Slokar, a quien acusó de no tener la “misma vara” para todos.
La visita fue coordinada por Benedit, quien publicó en sus redes sociales: “Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas”. El legislador justificó también su presencia en la cárcel de Ezeiza, porque, son “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.
Pedido de expulsión
Abuelas, Madres, Hijos, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, integrantes del CELS, Familiares de Detenidos Desaparecidos y sobrevivientes del terror durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-83) pidieron el martes a diputados nacionales la expulsión de sus pares libertarios que visitaron a genocidas en lo que se consideró una “reivindicación del terrorismo de Estado”.
El fiscal Crous advirtió que Benedit y su comitiva podrían haber violado el artículo 109 del Decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad), que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. Por lo que habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica.
