Los episodios en escuelas de Concepción del Uruguay exponen una trama más profunda: crisis de salud mental, impacto de la tecnología y respuestas institucionales que no logran abordar el fondo del conflicto.
“Exigirle a la escuela que solucione la violencia es como pedirle al termómetro que baje la fiebre”, concepto contundente que emite la Lic. Daniela Marín.
El espejo nunca nos refleja, sino que nos refracta. Algo similar ocurre con los medios de comunicación. Pero si además está roto, solo nos habilita a mirarnos de manera fragmentada. Y si le sumamos la lógica de los algoritmos, solo nos devuelven el eco de nuestra propia narrativa.
La otredad está convaleciente y, por lo tanto, la mirada, el diálogo y el puente con el otro se terminan convirtiendo en un contexto de sobrevivencia permanente. ¿A dónde va la ira y la frustración de los adolescentes que se sienten no vistos o no registrados?
El estado de apatía y la ausencia del deseo viene sucediendo desde hace al menos diez años, que es el registro de la experiencia de quien suscribe en aulas de nivel medio. Como sociedad les habilitamos a muy temprana edad una herramienta que puede ser maravillosa pero también una puerta al abismo. Que, además, con la diferencia generacional en el uso de la IA, resultan totalmente desconocidas entre sí. Hay una imposibilidad de interpelación, de comprensión entre dos generaciones bien marcadas, una especie de incomprensión y desconocimiento de sus hábitos y consumos.
En Concepción del Uruguay tuvieron eco los episodios del reto de TikTok en cuatro escuelas —dos públicas y dos de gestión privada— con alumnos entre 12 y 15 años.
Es necesario un abordaje con una mirada integral que incluya las actividades pedagógicas, el estado de salud mental de alumnos y docentes; poner en consideración sus salarios, las condiciones edilicias y, obviamente, los programas de contenidos que resultan obsoletos para educar a personas que nacieron con una pantalla en la mano.
Un detector puede encontrar un cuchillo, pero no va a detectar depresión, abandono ni trauma. No mide ansiedad, no contiene rabia, no reemplaza el apoyo psicológico que hoy falta en muchos establecimientos y en los hogares que no pueden pagar dicha prestación. Se toman medidas políticamente rentables, pero estructuralmente son una salida fácil. Y mientras tanto, el fondo sigue intacto.
La periodista Luciana Dalmagro escribe: “Un cruce de datos oficiales revela que doce psiquiatras de distintos lugares de la provincia concentraron la emisión de más de 25 mil certificados a maestros entrerrianos entre 2021 y julio de 2025. Los datos se inscriben en un sistema que destina miles de millones de pesos mensuales a suplencias y despiertan sospechas respecto a cuestiones de ética profesional y a la calidad de la atención que reciben los trabajadores de la educación, en una provincia que atraviesa una crisis de salud mental”.
La violencia no es escolar, se manifiesta en el ámbito educativo. Y el protocolo de prevención que emitió el Consejo General de Educación tiene como principal censor a la policía para resolver un tema sociocultural, dejando a los padres/ y o tutores incluidos pasivamente a través de una notificación o de una reunión. Es un abordaje muy acotado y simplista, sin registrar una responsabilidad activa a los múltiples factores.
Mientras algunos empujan la idea de instalar detectores de metales en colegios, en los privados cámaras como “solución rápida”, o el uso de mochilas transparentes. Las mochilas transparentes —el objeto del fracaso escolar— frente a la violencia, expertos están levantando una alerta incómoda: esto no ataca el problema real, solo lo maquilla. Pero según especialistas, el foco está completamente desviado. Lo que ocurre dentro de los colegios no nace ahí. Una de las principales características de los tiempos que corren es la incapacidad para discernir.
El discernimiento como acto cotidiano de resistencia y preservar la capacidad de asombro es un mecanismo que regula, entre otras cosas, la conducta social. Un indicador podría ser indagar sobre la cantidad de tutores/as que se acercaron por motus propio a las instituciones educativas a indagar sobre los acontecimientos. El cuerpo del alumnado se divide entre quienes siguen creyendo que todo es un juego sin ninguna consecuencia real y quienes están en estado de alerta por temor.
Algunos especialistas proponen otra ruta, menos vistosa pero mucho más compleja: invertir en salud mental, fortalecer equipos de apoyo, trabajar con las familias y atacar las causas antes de que exploten dentro del aula. Porque si el problema viene de afuera, pretender resolverlo a través de la sanción no solo es insuficiente, sino que directamente es mirar para el lado.
En realidad, es el reflejo de conflictos mucho más profundos: violencia en los hogares, entornos vulnerables y abandono emocional previo. Como medida inmediata es útil la limitación del uso de celulares, más el abordaje completo con padres integrados a la institución, y las principales herramientas como el arte y el deporte, fundamentales en su formación como personas, en donde también encontrarán lazos y comunidad.
Contexto Regional
En la provincia de Buenos Aires, la Ley N° 15.534 está vigente desde el ciclo lectivo 2026 y limita el uso de celulares y dispositivos de pantalla en escuelas primarias, públicas y privadas. Su objetivo es mejorar la atención, la socialización y reducir riesgos del uso excesivo de tecnología, prohibiendo su uso excepto por razones pedagógicas y didácticas. Esta medida se suma a regulaciones similares aprobadas en otras jurisdicciones, como Salta y Neuquén en 2025.
En Entre Ríos se presentó a finales del 2025 un proyecto de ley en la Cámara de Diputados como iniciativa del bloque oficialista, acompañada de algunas firmas de la oposición, que no prosperó. De todas maneras, esa propuesta podría ajustarse y complejizarse a la luz de los acontecimientos. Sumar mayor limitación en el uso de celulares en el ámbito escolar, y sumar propuestas pedagógicas con herramientas tecnológicas. Porque la solución no se puede pensar solo con la prohibición del uso sin reconocer la ausencia de gabinetes de informática actualizados para las instituciones educativas, sobre todo las públicas.
El mundo
Suecia decidió frenar la digitalización en sus aulas tras detectar una caída significativa en el nivel de comprensión lectora de los alumnos. El Ministerio de Educación advirtió que el uso excesivo de pantallas dificultó la capacidad de los niños para concentrarse y procesar textos largos, por lo que el gobierno invertirá 60 millones de euros anuales en la compra de libros físicos.
Desde World Vision Chile advierten que hablar de “violencia escolar” puede ser directamente engañoso. Juan Pablo Venegas, encargado de incidencia en políticas públicas de la organización, sostiene que lo que vemos en las salas de clase es, en realidad, el reflejo de conflictos mucho más profundos.
Y aquí viene el punto clave: la evidencia internacional sobre detectores de metales es, en el mejor de los casos, débil. No hay consenso en que funcionen. Peor aún, algunos estudios advierten efectos contraproducentes como deterioro en la confianza, sensación de vigilancia permanente y colegios que empiezan a parecer más centros de control que espacios educativos.
Definitivamente de una vez declaremos que perdimos, asumamos la emergencia, bajemos las persianas, rindámonos tan solo por un instante. Pero no para darnos por vencidos y vencidas, sino para mirarnos y aceptar que se rompió el espejo y asumir que debemos cambiarlo.
