La justicia suspendió por seis meses los efectos del decreto que disuelve Vialidad Nacional
La jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, ordenó frenar por seis meses cualquier medida administrativa que derive del decreto presidencial que busca eliminar la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión surge tras hacer lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina.
La magistrada dictó una cautelar de no innovar, instruyendo al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo a abstenerse de ejecutar cualquier acción vinculada al Decreto 461/2025, firmado el pasado 8 de julio, que contempla la disolución del organismo.
Con esta resolución, el gobierno de Javier Milei no podrá llevar adelante traslados, reubicaciones, despidos, suspensiones ni modificaciones estructurales que afecten al personal o a las funciones de Vialidad Nacional mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Forns justificó su fallo señalando que en esta etapa preliminar del proceso existen “circunstancias objetivas y de gravedad” que ameritan preservar la situación actual para evitar daños irreparables hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La jueza también remarcó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —en especial los N.º 87, 98 y 151, que tienen jerarquía constitucional en Argentina— prohíben que el Estado, en su doble rol de empleador y regulador, modifique unilateralmente condiciones laborales definidas mediante convenios colectivos vigentes.
No obstante, la magistrada aclaró que aún no se pronunció sobre la posible inconstitucionalidad del decreto, ya que ese análisis requiere “un examen más profundo, con amplio debate y producción de prueba”, que excede el marco de una medida cautelar.
