La decisión de Milei de vetar la norma profundiza la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad en Argentina. Reclamos por el abandono estatal y un llamado a la acción colectiva.
El reciente veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad ha generado un fuerte repudio entre organizaciones, familias y sectores políticos que ven en la decisión no solo un recorte de recursos, sino una señal de profundo desprecio por uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad argentina.
La norma, que había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo, buscaba dar una respuesta urgente a una realidad dramática: más del 10% de la población con discapacidad enfrenta serias barreras para acceder a derechos básicos como salud, educación, trabajo y prestaciones sociales. La situación se ha agravado en los últimos meses por demoras burocráticas, auditorías paralizantes y un desmantelamiento progresivo de estructuras institucionales clave.
El veto presidencial no se limita a un desacuerdo técnico o presupuestario. Representa, para muchos sectores, una continuidad del enfoque de ajuste que prioriza la disciplina fiscal por sobre la garantía de derechos humanos. Incluso, algunos recuerdan declaraciones oficiales que reflejan esa lógica, como cuando un funcionario sostuvo que «no es culpa del Estado tener un familiar con discapacidad», una frase que resume una mirada distante y desresponsabilizante.
Desde distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las personas con discapacidad se advirtió que esta medida profundiza la exclusión, congela derechos adquiridos y refuerza un mensaje de abandono. En un país con altísimos niveles de desigualdad y donde muchas familias enfrentan enormes dificultades para sostener tratamientos, traslados y cuidados, el veto representa un golpe directo a la dignidad de miles de argentinos.
Ante este escenario, se multiplican los llamados a redoblar la presión social y parlamentaria para revertir esta decisión y garantizar una política pública inclusiva, sustentada en el reconocimiento de los derechos y no en la lógica del ajuste.
La emergencia en discapacidad no es un eslogan: es el nombre de una situación concreta, extendida y urgente. Negarla desde el poder político es negar la realidad cotidiana de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado.
