Luis Benavidez, oriundo de Concepción del Uruguay, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por comercializar fentanilo, bromuro de vecuronio y otros medicamentos que sustraía del Policlínico PAMI II de Rosario. La causa surgió tras la muerte de un hombre en 2023 y terminó con allanamientos en Rosario y la ciudad.
La historia que comenzó con la muerte de un hombre de 37 años en Rosario terminó esta semana con una condena que tiene una particularidad para Concepción del Uruguay: el protagonista es Luis Emmanuel Benavidez, un enfermero oriundo de esta ciudad que trabajaba desde hacía años en el Policlínico PAMI II de Rosario. La Justicia Federal le impuso cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por comercializar fentanilo y bromuro de vecuronio, además de otros delitos. También quedó inhabilitado durante el mismo período para ejercer como enfermero y ocupar cargos públicos.
El caso había comenzado a reconstruirse a partir de la denuncia presentada por el padre de E.G.M., un hombre de 37 años que murió el 9 de agosto de 2023 luego de consumir distintas sustancias. En su domicilio habían sido encontrados una jeringa y un envase de bromuro de vecuronio, un relajante muscular de uso exclusivamente hospitalario. La investigación provincial había quedado archivada porque los estudios disponibles no permitieron determinar la presencia de esa sustancia en la sangre y la autopsia estableció como indeterminada la causa de la muerte. La denuncia posterior ante la Justicia Federal permitió avanzar sobre el vínculo entre la víctima y Benavidez.
El elemento que terminó de orientar la investigación fueron los mensajes encontrados en el teléfono del fallecido. Allí aparecían conversaciones con el enfermero, quien le ofrecía fentanilo y bromuro de vecuronio y hablaba sobre la potencia de las sustancias. En uno de los intercambios, ante una pregunta de la víctima sobre los efectos del vecuronio, Benavidez le respondió que era “dos veces más fuerte”. En otro momento, le advirtió sobre el riesgo de excederse con la cantidad.
La comunicación más comprometida se produjo el mismo día de la muerte. En un audio de 17 segundos, el enfermero le explicaba cómo preparar las ampollas y le advertía que una concentración excesiva podía provocar una sobredosis. Después intentó volver a comunicarse con él mediante mensajes, pero ya no obtuvo respuesta. El hombre fue encontrado muerto en su departamento. Si bien esos elementos fueron incorporados a la investigación, la Justicia no estableció que Benavidez fuera responsable penal de la muerte, cuya causa había quedado indeterminada.
Benavidez había ingresado al PAMI en 2014 y desde 2016 se desempeñaba en el área de Central de Materiales y Esterilización, vinculada al sector de Farmacia. La investigación permitió establecer que parte de los medicamentos que luego fueron encontrados en su poder provenían del Policlínico PAMI II. En septiembre de 2025, Gendarmería allanó su vivienda en Rosario y la casa de sus padres en Concepción del Uruguay.
En el domicilio rosarino se encontraron cuatro ampollas de fentanilo, cuatro cajas de bromuro de vecuronio con 99 frascos, 98 jeringas con agujas y distintas cajas de medicamentos. El cotejo de los lotes permitió vincular el fentanilo y el vecuronio con partidas que habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II. En la vivienda de sus padres, en Concepción del Uruguay, los investigadores secuestraron además una pistola Bersa calibre .22, junto con municiones.
El acuerdo homologado el 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros estableció la responsabilidad de Benavidez por comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. La pena fue acordada entre la Fiscalía y la defensa y el condenado reconoció los hechos, la participación que se le atribuyó y la calificación legal.
La causa dejó así una historia que cruzó Rosario y Concepción del Uruguay: un trabajador de la salud que durante años se desempeñó en una institución pública, el desvío de medicamentos destinados al uso hospitalario, una serie de conversaciones que terminaron siendo una de las principales pruebas de la investigación y dos allanamientos realizados en ambas ciudades. La condena cerró la investigación federal con una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y la prohibición de ejercer su profesión durante ese mismo período.
