Las defensas del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri y del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros objetaron las cifras atribuidas a un presunto enriquecimiento ilícito y solicitaron nuevos estudios contables y técnicos. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando la Fiscalía responderá los planteos.
Las defensas de Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herreros cuestionaron los fundamentos de la acusación fiscal que busca llevar a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia realizada este martes, los abogados reclamaron una pericia contable oficial y plantearon objeciones sobre los montos patrimoniales considerados injustificados y la validez de parte de la evidencia reunida.
El abogado Miguel Ángel Cullen, representante del exmandatario provincial, pidió que se declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y cuestionó las diferencias entre las cifras expuestas por los fiscales y las consignadas en el informe contable incorporado al expediente.
Por su parte, José Raúl Velázquez, defensor del empresario paraguayo, adhirió al reclamo de una nueva evaluación contable y solicitó peritajes oficiales sobre archivos y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
La audiencia se desarrolla ante el juez de Garantías N.º 3, Mariano Budasoff, y continuará este miércoles a las 9.30, cuando los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull deberán responder a los planteos de las defensas.
Diferencias en los montos bajo investigación
Uno de los principales ejes de la exposición de Cullen estuvo centrado en las cifras que la Fiscalía atribuye a Urribarri como presunto incremento patrimonial sin justificación. El defensor sostuvo que los montos presentados durante la audiencia no coinciden, en distintos períodos, con los datos incluidos en el informe contable de más de 500 fojas elaborado durante la investigación.
Según detalló, la acusación atribuye al exgobernador un presunto enriquecimiento de $11.546.740,92, además de 7.245.441 dólares y 16.300 euros.
Sin embargo, Cullen afirmó que el análisis contable arroja cifras diferentes. De acuerdo con su exposición, el informe señala una diferencia patrimonial de aproximadamente seis millones de pesos para el grupo familiar y un monto de 103.217,93 dólares, de los cuales 66.000 corresponderían a 2012.
El abogado sostuvo que esas divergencias dificultan el ejercicio de la defensa, ya que, según argumentó, no estaría suficientemente delimitado el monto que se considera injustificado ni la conducta concreta que se le atribuye a su representado.
Para respaldar su planteo, comparó los valores expuestos por la Fiscalía con los registrados en los anexos del informe contable correspondientes al período comprendido entre 2008 y 2015. Mencionó diferencias en las cifras de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, mientras que señaló que para 2008 y 2015 los valores coincidirían.
A criterio de Cullen, las discrepancias requieren una revisión técnica que permita establecer con precisión los importes cuestionados y determinar qué gastos y movimientos patrimoniales corresponden específicamente al exgobernador.
El planteo sobre los bienes familiares
Otro de los cuestionamientos del defensor apuntó a la inclusión de operaciones y gastos de distintos integrantes de la familia en el análisis patrimonial. Cullen sostuvo que el requerimiento fiscal reúne movimientos económicos del grupo familiar y atribuye las explicaciones correspondientes a Urribarri.
En ese contexto, hizo referencia a la actividad profesional de Bruno Urribarri como futbolista, con antecedentes en clubes argentinos y europeos, y afirmó que sus ingresos debían ser considerados en el análisis de los bienes y gastos investigados.
También mencionó la adquisición de una propiedad ubicada en la calle Lafinur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, según sostuvo, fue comprada por el hijo del exgobernador en octubre de 2005.
Además, cuestionó la interpretación de intercambios de correos electrónicos vinculados con la reserva de alojamiento y pidió que se contemple el contenido completo de esas comunicaciones.
Qué pidió la defensa del exgobernador
Entre las medidas solicitadas, Cullen reclamó la intervención de peritos contables oficiales designados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el objetivo de revisar los datos económicos incorporados al expediente.
También pidió que se discriminen los gastos realizados por Urribarri entre 2008 y 2015, sin atribuirle automáticamente consumos de otros integrantes de su familia, y que se aguarde la respuesta a los exhortos enviados a un club de fútbol de Grecia.
El defensor insistió en que la acusación debe precisar los hechos y las cifras que se le reprochan al exmandatario para que pueda ejercer su defensa. En ese sentido, cuestionó la metodología utilizada para reunir los montos y sostuvo que las diferencias detectadas requieren una explicación técnica.
Cardona Herreros pidió nuevos peritajes digitales
La defensa de Diego Armando Cardona Herreros también se opuso a la elevación de la causa a juicio y reclamó una pericia contable oficial para revisar los informes existentes.
Velázquez argumentó que la intervención de especialistas independientes permitiría analizar la evidencia con criterios técnicos y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la defensa.
Además, solicitó nuevos estudios sobre dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos. En particular, pidió examinar las extracciones de datos, la autenticidad y trazabilidad de los archivos, sus metadatos y los mecanismos mediante los cuales fueron incorporados o descargados.
El abogado aclaró que no insistiría con el planteo de nulidad de esa evidencia, que ya había sido rechazado en instancias superiores, pero sostuvo que todavía resulta necesario profundizar el análisis técnico de determinados elementos digitales.
Según explicó, esos procedimientos permitirían establecer el origen de los archivos, verificar posibles incorporaciones remotas y evaluar la fiabilidad de la información utilizada en la investigación.
Disculpas al inicio de la audiencia
Antes de comenzar sus exposiciones, Cullen y Velázquez ofrecieron disculpas a los fiscales por una acusación incluida en un escrito anterior de la defensa, en la que se había cuestionado la incorporación de determinadas siglas en documentación secuestrada durante los allanamientos.
Las referencias a las iniciales SDU, PU y DAC aparecían en biblioratos, planillas y otros documentos vinculados con oficinas de Relevamientos Catastrales. Según la explicación fiscal mencionada en la audiencia, esas siglas se utilizaban para identificar personas y organizar documentación relacionada con distintas gestiones empresariales.
Con los planteos de ambas defensas presentados, el proceso quedó a la espera de la respuesta del Ministerio Público Fiscal. Luego de esa instancia, deberá avanzar la discusión judicial sobre el pedido de elevación a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
